Litigio laboral en Consulado argentino

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de nuestro país condenó al Estado argentino al pago de una «importante» suma de dinero a 13 funcionarios del Consulado General en Montevideo, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, en atención a una demanda por deudas laborales y reajuste salarial entablada en 2007.

El fallo, emitido el pasado 29 de junio, antes de la Feria Judicial Menor, dispone una indemnización por concepto de reajuste de salarios, pago de horas extras, beneficios por reliquidación de aguinaldo, licencias y pagos por vacaciones, en atención a una resolución adoptada en 1998, por las anteriores autoridades de la diplomacia argentina.

Los funcionarios reclamaron ante el aumento de media hora en el horario de trabajo sin variación de sueldo en julio de 1998, así como por una rebaja del 13% de sus salarios dispuesta en 2002 y la ausencia de reajustes salariales tras la instalación de los Consejos de Salarios en 2005.

Sin embargo, la SCJ acogió en forma «parcial» la demanda, puesto que rechazó la indemnización por la rebaja salarial del 13%, dispuesta por el gobierno de Fernando De la Rúa sobre todos los funcionarios de la administración pública, incluyendo los vinculados al servicio diplomático, indicaron fuentes del caso a LA REPUBLICA.

La SCJ no acogió el reclamo del 13% por considerar que la solución adoptada tuvo aspectos positivos para ambas partes: la reducción de costos para el Estado argentino y los posibilidad de los funcionarios de mantener su puesto de trabajo. Asimismo, la Corte desestimó el pago de intereses por la deuda acumulada y consideró «prescriptos» todos los reclamos anteriores al 29 de enero de 2005. El proceso se resolvió en «única instancia» y su fallo es «inapelable», puesto que corresponde al máximo órgano del Poder Judicial. La resolución beneficia a ciudadanos argentinos y uruguayos, vinculados al Consulado General en Montevideo.

 

Hermetismo

La información difundida ayer por el diario «La Nación» daba cuenta de un fallo judicial contrario a la Embajada argentina en Montevideo. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por LA REPUBLICA aclararon que el mismo no corresponde a la Embajada, sino al Consulado General en Montevideo.

Los 13 funcionarios beneficiados dependen del Consulado General y no de la Embajada, y así lo hacían en 1998 al disponerse el aumento de la media hora de trabajo sin variación salarial, y en 2007 cuando se hizo efectiva la demanda laboral, no existiendo con anterioridad a esa fecha (2007) ningún reclamo.

El único período en el cual los funcionarios fueron afectados al servicio de la Embajada fue entre abril de 2002 y octubre de 2004, cuando por razones presupuestarias, en atención a la crisis económica del momento, el Estado argentino dispuso la supresión del Consulado y la conformación de una Sección Consular en la Embajada, señalaron las fuentes.

Incluso, durante el desarrollo del proceso judicial, el embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, contestó la demanda alegando la ausencia de legitimación pasiva de la Embajada, porque los demandantes eran funcionarios del Consulado.

LA REPUBLICA pretendió conocer la postura de la Embajada argentina ante la divulgación de la información, pero desde la sede diplomática se explicó que no existe intención de manifestarse públicamente porque «se trata simplemente de un diferendo laboral de intereses contrapuestos». Sin embargo, las fuentes consultadas aseguraron que «no existe un juicio de valor negativo sobre la conducta de los empleados, porque todos han desarrollado su labor en el Consulado, en forma correcta». Las fuentes agregaron no haber sido consultadas por La Nación sobre el fallo, previo a la divulgación de la información.