Efecto será el de una "bomba"

El legislador contravirtió los argumentos esgrimidos por el gobierno para aplicar el precio en los combustibles utilizando cifras aportadas por el propio Poder Ejecutivo desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Sostuvo que la medida «se trató de una decisión solapada, tomada en vísperas de un feriado largo para encontrar a la población relativamente tranquila en su reacción ante esta decisión. Una actitud que revela una cierta mala conciencia entre quienes la estaban tomando».

También calificó de «sorprendente» la decisión a la luz de un pronunciamiento del propio presidente Jorge Batlle, quien el 20 de diciembre pasado, anunció sin que nadie le preguntara que se disponía a instruir a su ministro de Economía para instrumentar una rebaja del precio de los combustible. En su intervención, Astori apeló a citas de Luis Alberto Lacalle y a dichos del propio Batlle, ambos en su calidad de senadores; el primero, durante una interpelación al ex ministro de Economía Ricardo Zerbino, y el segundo, durante la recepción a representantes de la empresa Metzen y Sena.

«Crisis de confianza»

Astori sostuvo que Ancap disponía de margen suficiente como para absorber tanto la modificación del Imesi a los combustibles, definido por la Ley de Urgencia, como las supuestas pérdidas del organismo. Indicó que la evolución de los precios internacionales el año pasado no fue la que sostuvo el ministro de Economía Bensión y agregó que a partir de julio, Ancap se benefició por la rebaja de los aportes patronales. Por esta razón, concluyó Astori, comparados la evolución de los precios internacionales y los internos, dijo no ver fundamentos para decretar un aumento de los combustibles. También sostuvo que la evolución de los precios a futuro indicaban en ese período una tendencia descendente.

Astori recurrió también a manifestaciones del director nacionalista de Ancap Pablo Abdala, quien sostuvo que la empresa resultó beneficiada por la rebaja de los aportes patronales y que el margen de ganancia pronosticado está situado en unos 50 millones de dólares. El Partido Nacional votó en contra del aumento, en la sesión del directorio del 23 de febrero. El legislador también esgrimió datos de la propia OPP, según los cuales, la evolución de Ancap resultó positiva. Astori advirtió sobre una «crisis de confianza» que podría afectar al gobierno por un manejo «discrecional» del poder y señaló que esto podía constituir un serio obstáculo para la captación de socios para el organismo.

El senador de izquierda indicó que el gobierno «pierde credibilidad con una medida de este tipo» porque «cuando se entra en contradicciones flagrantes, se lastima la confianza». En ese sentido puso como ejemplo un comunicado remitido por la mesa coordinadora de entidades rurales donde se advierte que «la consecuencia más grave de esos mensajes contradictorios es la pérdida de la poca credibilidad que el gobierno inspiraba» a dichas entidades. Agregó que el aumento «siembra incertidumbre y genera inseguridad. La decisión del 23 de febrero fue una grave agresión a la seguridad que los uruguayos pueden tener hoy a todo nivel».

«Poder de daño»

En su interpelación al ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, el legislador frenteamplista destacó la «inconveniencia» del aumento y señaló que hasta el momento «el país ha tenido una actitud de espera a que nos caiga una gota de bienestar de los países vecinos mientras aquí no se hace absolutamente nada. Ahora a esta actitud de espera se nos suma esta medida negativa. Sólo nos queda esperar que se resuelva dejarla sin efecto».

El líder de Asamblea Uruguay manifestó su preocupación porque el precio del combustible «se maneja desde el poder». Según el contador, el aumento para una empresa que factura mil millones de dólares anuales será de 82 millones de dólares. De esa cantidad, 36 millones serán destinados a cubrir el incremento impositivo sobre los combustibles. Los otros 46 se dividirán en veinte millones para rescarcir a Ancap por una supuesta pérdida debido a la demora del Poder Ejecutivo en fijar la suba de combustibles y los otros 26 serán para la Tesorería Nacional como contribución del ente a los ingresos del gobierno.

El interpelante, cuya intervención fue mayormente improvisada y contó solamente con algunos apuntes de respaldo, enfatizó que la resolución adoptada por el Poder Ejecutivo «carece totalmente de transparencia», ya que no hubo participación parlamentaria pese a que se trata de «un impuesto con otro nombre. Se está disfrazando ese impuesto con el manto de precio público monopólico. Es un aumento de la carga fiscal y el Parlamento no tiene ninguna participación».

Astori recordó que el Ejecutivo participa en la fijación de las tarifas con el objetivo de «proteger a consumidores cautivos de mercados monopólicos. Aquí el Poder Ejecutivo se hace socio de los intentos fiscalistas que se difunden por toda la sociedad y genera impactos no deseados. Esto convierte a la conducción económica en una conducción con un gran poder de daño».

Gobierno «fiscalista»

Astori opina que el aumento en los combustibles sintentiza la «visión económica» vigente, que tiene «una perspectiva muy peculiar de la herramienta fiscal porque en la reducción del gasto agrega el intento de incrementar los ingresos solamente por la vía del aumento de la carga fiscal». Desde su punto de vista, se trata de una visión económica «muy estática, muy inflexible, muy reducida, muy frustrante y castrante respecto a la posibilidad de usar herramientas de política económica y tiene consecuencias sobre la economía».

Agregó que «todo el incremento del 23 de febrero es fiscal. La caja del Estado es una sola. Si por un lado se dice que aumentemos porque aumentó el Imesi, la carga es fiscal. Si es porque Ancap tiene dificultades, es fiscal. Y si se fija en 25 millones de dólares la contribución de Ancap, es fiscal. Es una forma fiscalista de dirigir la empresa y el país».

La principal crítica del economista de izquierda a la gestión del ministro Bensión es que «ignora que la principal causa del problema económico del país es la caída de los ingresos y no el aumento del gasto. Si miramos estáticamente el tema, renunciamos a aumentar la producción y aumentamos la carga fiscal, limitamos la posibilidad de reactivación en el futuro. Se va a seguir perjudicando la recaudación y mañana tendremos que seguir aumentando impuestos. Este es el círculo vicioso en que está el país».

Cambio de libreto

Astori acusó al presidente Batlle de haber realizado un «cambio de libreto total» desde un discurso incentivando la producción hacia una política fiscalizadora. A ello se agrega «una gran contradicción con la propuesta de transparencia y discrecionalidad que el ministro nos hace para el futuro. El ministro se compromete a un nuevo modo de cálculo que la población conozca. ¿Nos está prometiendo que nunca más va a hacer lo que hizo ahora? ¿Que el precio interno va a depender del precio internacional y que lo vamos a conocer con anticipación?». Según el legislador, el país «viene trabajando en el mismo sentido de siempre, utilizando las empresas como elemento de recaudación, disfrazando impuestos como ingresos públicos. Yo creo que las empresas públicas deben aportar al Estado pero estoy contra estas decisiones que se toman en desmedro de las empresas públicas».

El legislador considera que la medida «generará mayores gastos en un futuro cercano. Controvertimos esta visión tan autolimitada y rígida y decimos que si Ancap tiene problemas de caja, que me parece que no los tiene, o la Tesorería tiene problema
s de caja este mes, busquemos mecanismos de financiamiento de corto plazo y no limitemos las ya muy limitadas condiciones de reactivación que tiene la producción nacional. La única manera genuina de equilibrar las cuentas públicas es que la producción aumente».

Consecuencias inevitables

Entre las consecuencias previstas por Astori figura el incremento «evidente» de los costos de producción y la pérdida de competitividad. A su entender, «el nivel general de los precios está afectado por una especie de incidencia deflacionaria que la propia recesión tiene y que contribuye a mantener bajos los niveles de inflación. Si no estuviéramos en recesión las consecuencias de la suba de combustible serían mayores. El impacto se descargará con todas sus fuerzas en la fracción mayoritaria de la población uruguaya donde están los de menores ingresos, los desempleados».

Por otra parte, el senador opina que el aumento de combustibles muestra «una contradicción insalvable» con la estrategia empresarial prevista para Ancap, que «evidentemente tiene que incluir la finalización de la refinería y encontrar un socio que aporte crudo y nos permita expandirnos. Esta decisión perjudica notablemente la competitividad de los productos de Ancap en la región, precisamente elevando la diferencia respecto a los precios del mercado al que se quiere exportar: Argentina y Brasil. Notoriamente la decisión perjudica la imagen de la empresa. ¿Quién se va a asociar con una empresa que puede ser utilizada indiscrecionalmente por el poder para fijar los precios que ese poder necesita?».