La mayoría del Senado reclamó anular aumento de combustibles

El EP propuso además la censura del ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, al considerar que de la exposición realizada por el secretario de Estado «resulta que el Poder Ejecutivo no acepta revocar la decisión» del aumento de los precios de los combustibles, «se propone que la Asamblea General declare que se censura su actuación», a través del mecanismo 147 de la Constitución.

El Senado será convocado en los próximos días –posiblemente el martes– a los efectos de que el plenario del cuerpo se expida favorablemente o no sobre la habilitación a la Asamblea General sobre el eventual pedido de censura. El mnistro interpelado Bensión fue acompañado por el director de OPP Ariel Davrieux y por los asesores Isaac Alfie y Marcelo Brasca. En una situación peculiar, el Encuentro Progresista, el Nuevo Espacio, y el Partido Nacional, un total de 20 senadores pedían revisar el polémico decreto, no obstante al presentarse en forma separada y al no permitirse el desglose de la moción blanca por una dudosa interpretación de la Mesa y de la mayoría de la coalición de gobierno, no fue posible plasmar ese sentir mayoritario. Ante esta situación, una tercera moción presentada por José Mujica (MPP) que recogía exclusivamente el planteo de revisión del Decreto, a la hora 0.55 de hoy, sólo obtuvo 14 votos sobre 31, con la misma expresión electoral que el primer punto de la moción del EP-FA. En definitiva, los senadores nacionalistas, a excepción del senador nacionalista Jorge Larrañaga, no quisieron pronunciarse en forma conjunta con la coalición de izquierda y de esa forma condenar en forma directa al gobierno.

La senadora Marina Arismendi pidió el desglose de la propuesta del Partido Nacional para votar el punto que pedía la revisión del aumento. El senador Luis Alberto Heber afirmó que la declaración era «una sola». El senador José Korzeniak recordó que el artículo 103 del Reglamento establece que basta que un senador pida el desglose de una votación para que le sea concedido. Blancos y colorados intervinieron reiteradamente para señalar que no se podía votar por separado y evitar de esa manera que con la votación del EP-FA el Senado condenara explícitamente el aumento. El senador Reinaldo Gargano destacó que «colorados y blancos están tratando de que no salga nada. Hay algunas mociones que se hicieron para vestir de novia a la muchacha, pero no se buscaba que el casamiento se realizara».

Asimismo, desde el EP-FA se calificó de «error garrafal» la interpretación del Reglamento por parte del presidente Luis Hierro y la mayoría del Senado, manifestando el senador socialista José Korzeniak que no se actuó «con lealtad política».

«La intención mayoritaria del Senado es reclamar una revisión de la decisión del decreto», puntualizó el interpelante Astori en su fundamento de voto, esperando que el presidente Batlle sea sensible a esta realidad política. En el mismo sentido se pronució el senador nacionalista Jorge Larrañaga (ver nota aparte).

Pero también se constató un hecho político de trascendencia: ningún senador del Foro Batllista del sector de Julio María Sanguinetti salió en defensa del decreto de la administración encabezada por Jorge Batlle.

La resolución infructuosa del EP-FA también abogaba por «su rechazo al Decreto del viernes 23 de febrero de 2001 por el que aumentaron los combustibles por considerarlo contrario a los intereses de la producción nacional en el agro, la industria, los servicios en general y el transporte».

La coalición de izquierda «entiende que el Decreto está impulsado por un afán fiscalista que afecta en forma indiscriminada al conjunto de la población que pagará en mayores costos, reducción de ingresos y disminución del consumo las consecuencias finales de una resolución contraria a los intereses nacionales».

Esta moción contó con el apoyo de los doce senadores del Encuentro Progresista, del Nuevo Espacio, y del senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) pero resultó infructuosa al oponerse los 17 senadores restantes del Partido Colorado y del Partido Nacional.

Por los motivos anteriores, agregaba que «el Poder Ejecutivo debería anular dicha resolución y analizar rigurosamente los costos de importación de petróleo, así como los de refinación y distribución, de modo de asegurar la salud económica de Ancap y el apoyo que dicho ente estatal debe prestar a la producción nacional y a la sociedad en su conjunto».

Moción blanca

Por su parte, el Partido Nacional, con la firma de sus siete senadores, elevó una declaración expresando «su discrepancia con el aumento de los combustibles aprobado por el Poder Ejecutivo y la mayoría del Directorio de Ancap», y pide la revisión del polémico Decreto. «Dicho aumento obedece a requerimientos fiscales derivados del abultado déficit heredado de la anterior Administración (Sanguinetti), y a la oposición sistemática a las reformas estructurales del Organismo», agrega.

Sólo obtuvo los siete votos nacionalistas, y el senador forista Yamandú Fau cuestionó la mención al déficit fiscal de la era Sanguinetti, porque «se funda en hechos inexactos».

«Es abultado y es déficit pero es veraz», manifestó el senador Heber (Herrerismo).

La propuesta nacionalista estima que el Senado «reclama al Poder Ejecutivo revisar el decreto del 23 de febrero de 2001 por el que se aumentaron los combustibles, ante el impacto negativo que el mismo tendrá en la producción nacional, en los servicios y en la población en general».

Con la firma de los senadores blancos Luis Alberto Heber, Francisco Gallinal, Carlos Julio Pereyra, Julia Pou, Jorge Larrañaga, Carlos Garat, y Guillermo García Costa, se considera que «el país y Ancap deben avanzar en un proceso de apertura y transformación, a los efectos de procurar un mercado de combustibles que conduzca a la existencia de precios a valores internacionales y alineados a los de la región».

El debate

El desarrollo del debate, luego de las intervenciones originales del miembro interpelante, Danilo Astori, que ocupó dos horas y seis minutos y del ministro Alberto Bensión, que se tomó una hora y ocho minutos (ver páginas 4 y 5), mostró claramente que, independiente del grado de análisis político de cada una de las fuerzas políticas, el Encuentro Progresista, el Partido nacional y el Nuevo Espacio, coincidieron en que el aumento de los combustibles fue «inoportuno». Desde el Partido Colorado, particularmente desde la Lista 15, se defendió la medida del Poder Ejecutivo aunque también quedó establecido el compromiso de la rebaja de los derivados del crudo en el caso de que baje el precio internacional.

En tanto, el Partido Nacional debió moverse y pronunciarse en un complejo escenario, habida cuenta de discrepar con la medida pero integrar la coalición de gobierno, y con diferentes matices se pronunciaron los senadores Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), Francisco Gallinal (Herrerismo), y Carlos Julio Pereyra (Movimiento Nacional de Rocha).

¿Bensión del FA?

Al terminar su intervención el ministro Bensión, Astori expresó que «lejos del acercamiento, el gobierno ratifica» su accionar en este controvertido tema.

Astori dijo que su planteo fue duro «y lo voy a hacer más duro», anunció, reiterando que la suba de combustibles fue «un disfraz del aumento de un impuesto».

Un contundente Astori expresó las contradicciones con las cuales el ministro de Economía maneja las cifras sobre endeudamiento, haciéndolo de la forma que otrora lo hacía la izquierda: «se pasó a la oposición, parecía un dirigente del Frente Amplio hablando de déficit fiscal y de la deuda externa». Astor
i insistió en que «el aumento fue inapropiado, soprendente, solapado y, lejos de la transparencia prometida, expresa una forma oscura de gobernar».

Actitud leal

Por su parte, el senador Alejandro Atchugarry, dijo que «yo no sé si estamos en el acierto o en error, pero sí tengo claro que la actitud del gobierno es a libro abierto y buscando los mayores consensos posibles».

«La actitud respecto a Ancap es leal, firme y decidida. Ancap es necesaria para el país, hay que fortalecerla y el camino es la asociación», que permitirá «aumentar la producción y bajar los costos», sostuvo.

Minutos antes, el senador socialista Reinaldo Gargano calificó de «sorprendente» la medida de aumento de combustibles y evaluó que está enmarcada en «lesionar la imagen de Ancap».

El senador Carlos Julio Pereyra del MNR dijo coincidir con el planteo crítico del senador Astori pero que también comprendía al ministro que al decir del senador Mujica «tiene que tapar un agujero».

Para el vertientista Enrique Rubio, «el gobierno está enredado» porque «antes la idea era de transferencia a Rentas Generales de las ganancias de Ancap y ahora es que debe tener ganancias, y para ello aumentamos el precio del producto».

Apelando al Diccionario de la Real Academia Española, el senador Brause (Lista 15), discrepó con el término solapado utilizado por el senador Astori para definir las características del incremento de los combustibles, porque ello implicaba actuar de mala fe. Korzeniak se preguntó si «el presidente Batlle no leía los diarios y no sabía que el precio de los combustibles había bajado», y señaló que lo escuchó «una, dos, y tres veces, tantas como lo que habla del contrabando» de que iban a bajar los combustibles porque así sucedía a nivel mundial.

El conductor de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, reclamó revisar la medida del Poder Ejecutivo, expresando que la misma es negativa y «recesiva» en momentos en que los sectores agropecuarios padecen muchas necesidades.

En tanto, el senador Manuel Núñez expresó que el aumento de los combustibles «es la peor forma de recaudar».

Para el senador herrerista Francisco Gallinal el incremento de los derivados del crudo es una medida «inoportuna y frustrante».

Señaló que los esfuerzos deben estar destinados a lograr un desarrollo de Ancap, sus cambios estructurales y el objetivos de llegar al precio anterior a la suba de combustibles, para posteriormente, bajarlos.

Gallinal también cuestionó al EP-FA por su oposición sistemática a los cambios estructurales, lo cual fue recogido posteriormente en la declaración nacionalista.

«El problema es que el gobierno tiene un agujero y tiene que taparlo, y acude a un recurso heroico», manifestó Mujica.

Para el senador del MPP, «mucho peor que la crisis es la falta de esperanza» y destacó que «es una señal penosa en medio de una crisis de rentabilidad».

Asimismo, dijo que la actitud fue contradictoria de parte del gobierno: anunció con «algarabía» la baja de los combustibles y «después los terminó subiendo».

El senador Héctor Lescano, suplente de Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista), señaló que le llamó la atención la falta de respuestas del ministro Bensión, expresando además que «hay una ancha franja de productores que no pueden pagar el insumo combustible al contado».

Por su parte, Pereyra (MNR) sostuvo que la medida fue «monetarista» y que hubiese preferido un emprendimiento para desarrollar la producción. No obstante reconoció las dificultades financieras y que el ministro «toma una decisión que no es popular».

Domingo Malladotte, suplente de Rafael Michelini, conductor del Nuevo Espacio, calificó la resolución del Poder Ejecutivo de «inoportuna, inconveniente y contradictoria».

«Se vive un paulatino aumento de la desesperanza», agregó. Al referirse a la situación de Ancap, Alberto Couriel (Vertiente Artiguista) reiteró la necesidad de una investigación por «los cerca de 100 millones de dólares que invirtió Ancap en Argentina, ante eventuales irregularidades».

Couriel señaló como esencial una alianza comercial con una gran empresa que posea el crudo, pero consideró que Ancap debe seguir contando con el monopolio de la distribución de combustibles en el país.

Asimismo, Couriel deseó que «ojalá que no haya cosas irrevocables», aludiendo a las palabras del ministro Bensión que al final de su primera intervención precisó que la medida del gobierno no tendrá marcha atrás.

Paralelamente, la bancada de Diputados del EP-FA rechazó la intención del Poder Ejecutivo de «suspender las obras de remodelación de la refinería de La Teja sin perjuicio del estudio profundo que demandarán las alternativas que se manejan sobre el futuro de Ancap».

El comunicado señala que la paralización de las obras «implica un costo superior a los 65 millones de dólares a pagar a la concesionaria de la obra, la empresa Techint, por el avance de obra y contratos ya firmados».

La bancada de legisladores manifestó su convicción de que los trabajos «contribuirán a lograr la competitividad de Ancap ante una posible apertura del mercado de combustibles» y agregó que los recursos para esa remodelación «son recursos genuinos de Ancap obtenidos gracias a la evaluación favorable que de la empresa hicieran las instituciones financieras internacionales. La obra permitirá valorizar al conjunto de la empresa ante posibles negociaciones futuras».