Juicio en La Haya: Vázquez espera que Argentina acate
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, expresó ayer su deseo de que con el veredicto final de la Corte Internacional de Justicia de La Haya se ponga «punto final» al diferendo entre Uruguay y Argentina y a los cortes de pasos de frontera.
Vázquez fue consultado ayer por la prensa en Nueva York sobre la marcha de la audiencia ante el tribunal de La Haya.
En tal sentido el mandatario abogó por que desde el lado argentino se cumpla con el veredicto, con el cual además se ponga «punto final» a las diferencias entre ambos países.
Por otro lado, durante su alocución ante la Asamblea General de la ONU uno de los puntos en los que hizo especial hincapié el mandatario fue en que Uruguay es parte de las principales convenciones internacionales en materia de medioambiente y desarrollo sostenible.
«Uruguay recibe importantes inversiones que contribuyen a su desarrollo industrial, pero también ejerce rigurosos controles sobre la calidad ambiental de las mismas, aplicando su normativa internacionalmente reconocida y exigiendo el uso de las mejores tecnologías disponibles, con un control efectivo en el terreno de los impactos ambientales de tales emprendimientos», dijo Vázquez.
En forma concomitante, los delegados uruguayos ante la Corte Internacional de Justicia afirmaron que en marzo de 2004 Uruguay acordó con Argentina la construcción de la empresa Botnia, «siempre y cuando se llevara a cabo un control pormenorizado de las consecuencias medioambientales del proyecto».
El abogado estadounidense Lawrence Martin integrante de la delegación uruguaya indicó ante los jueces que el acuerdo entre ambos países se logró en una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de las dos naciones que se celebró el 2 de marzo de 2004.
Martin negó el argumento de Argentina de que la conclusión de esa reunión hubiera sido remitir el proyecto a la Comisión de Administración del Río Uruguay (CARU) y aseguró que el único papel de esa organización era el de realizar los controles medioambientales, según recogieron ayer varias agencias de prensa internacionales.
A la vez, el especialista subrayó que Uruguay «no violó el Estatuto del Río Uruguay de 1975 por no informar primero a CARU del proyecto».
Por otro lado, Martin cuestionó a Argentina por haber construido en las márgenes del río Uruguay «170 plantas industriales desde 1976, sin haberlo notificado en ninguna ocasión a la CARU y de haber decidido unilateralmente que tales proyectos no afectarían al río».
Ayer se cumplió el penúltimo día de intervenciones de Uruguay. Fue el comienzo de la defensa de los aspectos legales del juicio, ya que en los dos días anteriores se hizo centro en los asuntos medioambientales.
Por su parte, el profesor Alan Boyle dijo que Uruguay no había incumplido con los artículos 40 y 41 del Estatuto de 1975, que refieren a la polución y la protección del equilibrio ecológico del río. El artículo 36 del Estatuto prevé la coordinación de ambos países, por intermedio de CARU, de medidas pertinentes para prevenir cualquier alteración del equilibrio ecológico y demás factores de riesgo en el río y sus áreas de influencia.
En tanto, el profesor Stephen Mc Caffrey contrarrestó los argumentos procedimentales expuestos por Argentina en el sentido de que no se había dado cumplimiento a lo previsto en los artículos 7 a 12 del Estatuto y en especial al alcance y las competencias que le corresponden a CARU en dicho proceso.
Sobre ese aspecto Martin demostró que Uruguay «no violó lo previsto en el artículo 7 del Estatuto, que refiere a la notificación a la CARU por las partes, cuando planeen realizar algún proyecto que pueda afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de las aguas. CARU dispone de un plazo de 30 días para determinar si el proyecto implica riesgos y si así fuera debe comunicarlo inmediatamente a la otra parte».
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