Adjudican tierras del INC a familiares de jerarcas públicos

En conversaciones reservadas con LA REPUBLICA, distintos legisladores dijeron que «los casos dudosos» incluirían concesiones de tierra a jerarcas del propio INC, uno de los cuales habría obtenido refinanciaciones de deudas, dos para sí mismo, y al menos una para un familiar directo que también obtuvo tierras de la cartera administrada por el Instituto.

Las fuentes dijeron estar ante la sospecha de presuntos «tráficos de influencia» y «desvíos de poder», que habrían sido cometidos «a cambio de favores políticos», y señalaron que el artículo 200 de la Constitución prohíbe a los directores de entes autónomos «ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a que pertenecen».

Las fuentes agregaron que otro caso notorio habría implicado al hijo de un jerarca de un banco estatal que obtuvo y vendió un apartamento del propio banco, al tiempo que recibía un campo del Instituto de Colonización sin haber reunido los requisitos que, de acuerdo opiniones técnicas, sí habrían reunido «otros cinco aspirantes a colono que estaban antes que él».

Uno de los «casos dudosos» sería objeto de un litigio administrativo mediante un expediente luego «demorado» por los jerarcas sospechados, advirtieron los informantes. «Uno de los casos más graves», dijo una de las fuentes, está en conocimiento de Uruguay Transparente, organización anticorrupción en la administración pública que preside la doctora Jacinta Balbela, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia.

Una vieja ley

Las adjudicaciones de tierras del INC a los aspirantes a colonos se deciden en sesiones del Directorio, mediante resoluciones en mayoría, luego comunicadas a las catorce regionales para, finalmente, ser notificadas al interesado a través de la oficina local que corresponda, según pudo confirmar LA REPUBLICA en fuentes del instituto pese al notorio hermetismo reinante.

«Los directores casi nunca consultan abogados ni se interesan mucho por lo que digan los técnicos; lo único que hacen es votar lo que les mandan los políticos que les dieron el cargo», opinó un informante. Otra fuente expresó que las normas vigentes otorgan al Directorio «una excesiva discrecionalidad de criterios» cuando se trata de definir una adjudicación de tierras.

La Sala de Abogados del INC, que preside el grado 5 en Derecho Público Elbio López Rocca, que tiene unos 35 años de experiencia en el instituto, «sólo es consultada en caso de surgir alguna controversia jurídica muy manifiesta», porque el Directorio «está facultado para desoír, si así lo desea, todos los informes» que reciba de la Gerencia Técnica en favor de uno u otro aspirante.

El asesor letrado, doctor Mario Camaño, con más de 30 años en el Instituto, y el gerente general del INC, ingeniero agrónomo José Claramunt, con más de 25 años de labor –ambos presentes en todas las sesiones del Directorio–, «casi nunca abren la boca, porque saben que no es asunto de ellos, porque de acuerdo a la ley no tienen arte ni parte», comentó otra de las fuentes. Tampoco sería tenida en cuenta la opinión del ingeniero agrónomo Adolfo González, el director de Regionales y Colonias que recibe las resoluciones votadas por el Directorio.

Los criterios para evaluar a los aspirantes a colonos están establecidos por los artículos 59, 60 y 61 de la vieja Ley 11.029, del 12 de enero de 1948, al tiempo que las adjudicaciones de tierras están regidas por los subsiguientes artículos del 62 al 71 de la misma ley, según indicaron las fuentes, altos jerarcas del instituto que hablaron con LA REPUBLICA bajo condición de permanecer en el anonimato

«Un caso lleva al otro»

Familiares y allegados de jerarcas públicos habrían resultado adjudicatarios de tierras del INC, sin haber reunido los requisitos correspondientes y en perjuicio de legítimos aspirantes a colono, en no menos de media docena de casos cuyos pormenores administrativos fueron comentados a LA REPUBLICA por las fuentes parlamentarias.

Uno de los informantes interesados en la problemática del INC explicó: «El estudio de cualquier caso en particular nos llevaría al análisis de los procedimientos administrativos que pudieron haber dado lugar a decenas de casos similares». «Además», agregó sin dar más detalles, «un caso nos lleva al otro, máxime cuando siempre intervienen los mismos jerarcas en el mismo tipo de casos».

«No creo», continuó, «que el Parlamento deba hacer hincapié en la denuncia de ningún caso en particular. Lo que debe hacer, lo que todos los legisladores debemos hacer, es asumir la responsabilidad de legislar de una vez por todas en una materia en la que hay enormes vacíos que dan lugar a adjudicaciones dudosas».

No obstante, otro de los informantes expresó: «El hecho de que no exista una norma precisa que defina el perfil de lo que debe ser un aspirante a colono, no quiere decir que los directores de Colonización estén actuando de acuerdo a los principios éticos. Una cosa es la ley, pero otra cosa es la ética. Tampoco podemos perder las referencias».

Este informante agregó luego: «En el instituto están inscriptos aspirantes a colonos que están esperando hace diez años para que les den una oportunidad; no puede ser que venga cualquier hijo de papá y se la lleve toda de arriba».

«Esta semana»

Los casos «dudosos» de adjudicaciones de tierras a jerarcas públicos y sus familiares y allegados serían al menos siete, según información confirmada por LA REPUBLICA en fuentes del propio INC. Las adjudicaciones de tierras habrían contado con la desaprobación de los técnicos asignados a la tarea evaluativa, los ingenieros agrónomos Gonzalo Moreno y Rubens Garrido, y el técnico agropecuario Mario Ferreyra De León.

Los siete casos aludidos estarían en conocimiento de todos los legisladores que debatieron, durante las últimas semanas, acerca de la conveniencia de renovar «total o parcialmente» la actual integración del Directorio del ente. Las adjudicaciones analizadas podrían llegar a dar lugar «esta misma semana» a eventuales cuestionamientos políticos, según ciertos trascendidos. El espinoso tema sería incluso tratado por legisladores de las comisiones relativas al agro, quienes deberán pronunciarse respecto a las designaciones dispuestas por el Poder Ejecutivo para ocupar el Directorio del INC, el que todavía permanece con la integración heredada del gobierno de Julio María Sanguinetti.

Siete casos «dudosos»

Uno de los casos señalados como «más graves» implicaría al actual vicepresidente del Instituto de Colonización, Roberto Eduardo Urrestarazú Santana, concesionario en arrendamiento de dos fracciones de campo del instituto en el departamento de Río Negro, quien se votó dos veces una refinanciación de deudas que arrastraba con el propio Instituto desde diciembre de 1996, así como votó una refinanciación por deudas que su hermano tenía, también para con el Instituto, desde abril de 1998.

Otro caso, que dio lugar a que un legislador remitiera un pedido de informes, atañe a Enrique Roberto Ruiz, familiar de un jerarca del Banco Hipotecario, un veinteañero estudiante de agronomía que obtuvo, el 16 de febrero de 2000, «la adjudicación directa» de un apartamento del banco estatal en pleno Pocitos, el que vendió a los seis meses mediante una cesión de derechos, sin autorización previa del Directorio y sin pagar el 20% del total de la deuda que se exige en tales casos.

En forma casi paralela, el 11 de julio de 2000, el hijo del jerarca del BHU recibía la adjudicación de una fracción de campo del Instituto de Colonización, en el departamento de Soriano, tras decl
arar ser poseedor de un capital de casi 200 mil dólares en bienes inmuebles, vehículo y depósitos bancarios. «En la lista de espera», acusó una fuente, «quedaron por el camino cinco aspirantes a colono que reunieron más requisitos que él».

Otros casos, que datarían de 1997, habrían beneficiado al hijo del jefe regional del INC Julio Tarino, quien obtuvo en arrendamiento un cotizado campo en el departamento de Artigas, en las cercanías de Bella Unión y con buen riego, pese a ser familiar directo de un jerarca, un impedimento admitido por la Sala de Abogados del instituto. Otro beneficiado, sobrino de Juan Sambucetti, que según los técnicos figuraba en el undécimo lugar del ranking de aspirantes, recibió por el mecanismo de la compra una 555 hectáreas mediante un procedimiento administrativo que fue recusado por al menos uno de los perjudicados. Otro beneficiado, Roberto Said Matta Karam, quien pese a carecer de los requisitos recibió en arrendamiento una tierras en Florida, se fundió al poco tiempo y tuvo que devolver el campo.

Del año 1995 dataría el caso de una cooperativa, casualmente integrada por la esposa del jefe regional del INC, Jorge Laurenz, que recibió tierras en perjuicio de otra cooperativa. El jerarca y esposo fue candidato al Senado por una lista partidaria. Ya de 1990 sería el caso del entonces secretario del ministro Alvaro Ramos, que recibió en arrendamiento mil 130 hectáreas en el departamento de Tacuarembó.