Ejecutivo define si está amparado o no por Ley de Caducidad

El Poder Ejecutivo deberá definir, en los próximos días, si la muerte de un ciudadano argentino en los calabozos de la dictadura uruguaya se encuentra bajo el amparo de la Ley de Caducidad, ante un nuevo requerimiento de la Justicia.

El juez Penal de 4º Turno, Oscar Pereyra, requirió la semana pasada, a solicitud de la Fiscalía, el pronunciamiento del Poder Ejecutivo para determinar si el caso del ex militante del MLN-Tupamaros, Gerardo Alter, se encuentra bajo el amparo de la polémica norma. El Poder Ejecutivo tiene ahora 30 días para emitir su pronunciamiento.

Alter, militante del PRT-ERP en la República Argentina, decidió, en julio de 1973, trasladarse hacia Uruguay, para proseguir su labor militante en filas del MLN-T. La vinculación entre ambas organizaciones se insertaba en la coordinación y acciones conjuntas en defensa de la clase obrera desarrollada en los países del Cono Sur.

En ese contexto, el 19 de agosto de 1973, Alter fue detenido por efectivos de la dictadura cívico-militar en el cruce de Camino Carrasco y Veracierto, junto a los también militantes del MLN-T, Jorge Selves y Walter Arteche. Los tres detenidos fueron salvajemente torturados en el Batallón Florida de Infantería Nº 1. Horas más tarde, Alter y Arteche mueren a causa de los castigos recibidos. El joven argentino tenía 27 años.

El pasado 4 de agosto, el abogado José Luis González se presentó ante el juez Pereyra y solicitó el desarchivo de las actuaciones por el homicidio de Alter, ante la existencia de nuevos elementos probatorios, por los cuales se podría inducir la participación de civiles en su secuestro.

El caso había sido presentado ante la Justicia en 1986, pero el entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, consideró que el hecho se encontraba bajo el amparo de la Ley de Caducidad, lo cual implicó el inmediato archivo de las actuaciones.

Sin embargo, en atención de la nueva reinterpretación de la polémica ley y la prácticamente confirmada participación de civiles en el secuestro, implicaría la imposibilidad de circunscribir el caso bajo el amparo de la norma, consideró el abogado.