Colorados acusaron a Lacalle por intervenir en la campaña y aumentar publicidad oficial

Corría el año 1994, año electoral. Todavía no se había producido el salto de la elección de noviembre de ese año, que dejaría al país con tres partidos prácticamente empatados y que provocaría que los partidos tradicionales promovieran el balotaje. La competencia prometía ser dura, como lo fue.

Luis Alberto Lacalle, entonces presidente de la República, jugaba fuerte, en todos los terrenos y el Partido Colorado, lejos de la tesis de las familias ideológicas levantada después por Julio María Sanguinetti, fungía de opositor.

En un escrito enviado en mayo de 1994 al «Sr. presidente de la Asamblea General, Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez» por 13 legisladores colorados, se realizaron fuertes críticas a la gestión de Lacalle. El escrito figura en los archivos del Poder Legislativo «Carp. Nº 70/94. Rep. Nº 39/94″ y está firmado por Abayubá Martorell Librán, Ricardo Molinelli, Luis Batlle Bertolini, Félix de Carlos Pintos, Américo Ricaldoni, Wilson Sanabria, Wilson Craviotto, Luis Hierro López, Guillermo Stirling, Diana Saravia, Luis B. Pozzolo, Walter Belvisi, Tabaré Hackenbruch.

El escrito fue presentado en respuesta al mensaje presidencial de Luis Alberto Lacalle del 15 de marzo de 1994.

En el escrito, los legisladores colorados comienzan señalando que «como hemos sostenido ante los medios de comunicación, no tenemos especial intención polémica con el señor presidente, ni deseamos caricaturizar su gestión. Entendemos que nuestra obligación de legisladores es señalar las apreciaciones equivocadas que se volcaron a la Asamblea General y en la publicidad oficial, a los efectos de que la opinión pública cuente con todos los elementos de juicio necesarios para que pueda juzgar».

«Cuando el presidente de la República habla en la Asamblea General sobre la situación del país, lo hace como jefe de Estado y en esa medida, si bien tiene pleno derecho a defender su gobierno, debe manejar informaciones absolutamente precisas, sin incurrir en comparaciones polémicas. Al cuantificar las inversiones del Estado o al publicitar avances de su gestión, deberían mantenerse criterios uniformes, a los efectos de un acercamiento objetivo a la realidad. A su vez, corresponde a su alta investidura encarar con responsabilidad y realismo las carencias del país, todo lo cual lamentablemente no ocurrió», agregan.

 

Intervención electoral y publicidad

Posteriormente realizan un señalamiento, de particular actualidad, dado que Lacalle ha cuestionado al presidente Tabaré Vázquez por hablar a la ciudadanía y ha comparado la situación actual con «el plebiscito de 1980″ de la dictadura y ha reclamado por la publicidad del gobierno.

En 1994, los legisladores colorados cuestionaron a Lacalle por realizar giras por el Interior, hablar reiteradamente a la ciudadanía y participar «en forma reiterada de reuniones de típico carácter electoral», además de incrementar la publicidad oficial de ministerios y entes del Estado.

«No podemos olvidar ­señalan los 13 legisladores colorados­ que desde diciembre de 1993, el señor presidente ha desarrollado una intensa actividad pública, realizando visitas al Interior y hablando reiteradamente a la ciudadanía, lo que ha sido calificado por diversos legisladores como de corte político-electoral. A la vez, varias empresas o reparticiones del Estado ­Ministerio de Vivienda, Banco Hipotecario del Uruguay, UTE, Antel, Diprode, PRIS­ intensificaron notoriamente su publicidad en los últimos meses, remarcando avances reales o supuestos de sus gestiones.

En ese contexto, el discurso del 15 de marzo de 1994 puede apreciarse más como la alocución de un líder partidario ­posición en la que el Dr. Lacalle se ha voluntariamente ubicado en los últimos tiempos, al participar en forma reiterada de reuniones de típico carácter electoral­ que como la declaración de un jefe de Estado. No es con agrado que llegamos a esta conclusión. Por el contrario, ello nos disgusta profundamente. Pero como hemos advertido no sólo errores de cálculo o datos equivocados, sino toda una tendencia proselitista que termina por distorsionar la realidad, es que sentimos la obligación de dejar constancia de nuestras discrepancias».

 

No hablemos del pasado

Otro llamativo cuestionamiento que realizan los legisladores colorados, es al hecho de que Lacalle comparó «reiteradamente» su gestión con la del período anterior, el gobierno de Julio María Sanguinetti, el primero en democracia después de la dictadura.

En el escrito afirman: «El mensaje del señor presidente de la República no se limitó sólo a la actividad del gobierno entre el 15 de marzo de 1993 y el 15 de marzo de 1994, como hubiera correspondido, sino que hizo un resumen de los cuatro años de administración que corren entre 1990 y 1993, introduciendo referencias a la situación del país en el año 1989. Es inconveniente intentar comparaciones parciales entre el gobierno de transición de 1985-89, que debió enfrentar desafíos institucionales, económicos y sociales de enorme trascendencia, y esta administración. En el caso de que se procurase incurrir en un análisis de ese tipo, debe requerirse una evaluación objetiva y ecuánime de los factores cualitativos y cuantitativos que influyeron en cada período. Lamentablemente, verificamos que en más de una oportunidad, el señor presidente hizo referencias numéricas al año 1989, sin detenerse en una observación global y completa de la continuidad de la gestión pública, que es lo que correspondería a su investidura».

 

Doble discurso

Los 13 legisladores colorados, en su duro cuestionamiento a la gestión y el discurso de Lacalle, también lo acusan de atacar al Parlamento como institución y tener un doble discurso: críticas en los medios de comunicación y elogios institucionales.

En el escrito sostienen: «El titular del Poder Ejecutivo en diversas circunstancias, en discursos de tono político, realizó acusaciones al Parlamento, identificándolo como la ‘máquina de impedir’, expresión textual y por demás injustificada. Este tipo de doble discurso ­acusar al Parlamento desde afuera y alabarlo desde adentro­ le hace daño al sistema político en su conjunto, sobre todo al provenir de quien, por su investidura, debería mantener en toda circunstancia una actitud de respeto absoluto por los otros Poderes del Estado».

 

Desindustrialización y pérdida de 60.000 empleos

Los legisladores colorados realizan en el escrito un fuerte cuestionamiento a la gestión económica del gobierno de Lacalle, señalando que se produjo un acentuado proceso de desindustrialización, pérdida de 60.000 puestos de trabajo y precarización del empleo. Agregan además que «es especialmente preocupante que esta situación de desindustrialización sea vista por algunos jerarcas del gobierno como un proceso que debe aplaudirse», en cuestionamiento a afirmaciones del entonces ministro de Economía y Finanzas, Ignacio de Posadas.

Sobre estos puntos, los legisladores colorados indican: «El discurso presidencial se abstiene de incursionar en uno de los temas que es, desde nuestro punto de vista, prioritario para el futuro del país: el agudo proceso de desindustrialización, la caída de las exportaciones con un déficit comercial histórico y la carencia de planes concretos y eficaces en materia de reconversión. Como consecuencia de esta situación, el empleo industrial ha tenido en su conjunto una caída de 30% entre 1990 y 1993, lo que equivale a unos 60.000 puestos de trabajo.

Sostienen los voceros del gobierno que ese descenso tan abrupto en la ocupación del sector manufacturero puede verse compensado por el crecimiento de la ocupación en el sector de los servicios, pero ello configura inestabilidad, eventual caída de ingresos y marginación de los sistemas de cobertura social. En las economías más desarrolladas, los empleos en dichos sectores pueden caracterizarse por su alto valor agregado, especialización y buenas remuneraciones. P
ero en países como el nuestro, ocurre lo contrario: implicarían generalmente situaciones de precariedad, subempleo, changas y otras tareas de característica marginal.

Es especialmente preocupante que esta situación de desindustrialización sea vista por algunos jerarcas del gobierno como un proceso que debe aplaudirse, en cuanto estaría indicando una modernización de la economía, ya que todos los países industrializados viven un cambio similar. La comparación es improcedente, porque las naciones del primer mundo vienen de ser grandes potencias industriales y aun así, mantienen importantes niveles de protección. La caída industrial y la acumulación de un déficit comercial tan importante no son síntomas de progreso en una economía como la nuestra, sino muestras claras de retroceso».

Este capítulo del escrito termina con un juicio sumamente crítico al manejo global de la política económica del gobierno de Lacalle: «Todos estos hechos demuestran, desde nuestro punto de vista, que el gobierno ha gestionado una administración que logró parcialmente su objetivo de reducir la inflación, pero a un alto costo: la paralización o el retroceso, según los casos, de las inversiones sociales; el fracaso indudable que algunas políticas sectoriales, como la de vivienda; el retraso productivo e industrial del país y la pérdida de un tiempo que era imprescindible para que Uruguay se adiestrara para el ingreso al Mercosur.

Los logros financieros que tan reiteradamente se invocan han pasado a ser un fin en sí mismos, más que una instrumentación para permitir el crecimiento real. Para mostrar esas metas, que finalmente pueden resultar artificiales, se ha sometido al país a un fuerte desequilibrio en materia productiva, industrial y social, por lo que también la gestión financiera tiene visos de transitoriedad».