El espía de Antel y el tema de la  corrupción en la campaña electoral

En un lapso de 34 días, entre el jueves 30 de julio al miércoles 2 de setiembre, tres hechos destacados en los medios de prensa apuntaron atacar con fuerza la campaña del partido de gobierno y al gobierno mismo, a pocos días de las elecciones.

El jueves 30 de julio, el semanario Búsqueda lanzó la acusación sobre la esposa del senador Fernández Huidobro como propietaria de la empresa de limpieza del Hospital Maciel, Clanider SA, que habría cometido «sobrefacturaciones millonarias». Al día siguiente, la jueza de crimen organizado, Dra. Graciela Gatti interviene de oficio en el caso.

El 27 de agosto, otra vez el semanario Búsqueda, en su portada, titula «dirigentes del Partido Nacional investigan si una empresa uruguaya que imprimió libros a un costo de menos de medio millón dólares y los exportó a Venezuela por U$S 32,1 millones, tiene vínculos con la campaña electoral del Frente Amplio». En este caso, se vinculó a un primo de la senadora Lucía Topolansky con los hechos. Mediante un sobre anónimo, la jueza Graciela Gatti recibió documentación sobre la importación, y junto con el fiscal Ricardo Perciballe inició una investigación al respecto.

El miércoles 2 de setiembre, el diario Ultimas Noticias reveló que un ex policía ingresó a Antel hace poco más de un mes y medio, supuestamente recomendado por el prosecretario de la República, Jorge Vázquez, y estuvo trabajando como adjunto a la secretaría de la contadora Gladys Uranga, entonces directora del organismo. Ese mismo día, el ex presidente de Antel, Dr. Edgardo Carvalho y el prosecretario de la presidencia, Lic. Jorge Vázquez acababan de presentar una denuncia penal contra el impostor, el ex policía Elbio Javier Román Suárez.

El 3 de setiembre, la jueza Gatti procesó con prisión a Román por un delito de estafa, en reiteración real con un delito de falsificación de documento público y el procesamiento sin prisión de su esposa, Giovanna Jacqueline Ballestero García por un delito de estafa en calidad de coautora.

Al mismo tiempo, la magistrada declinó competencia para el Juzgado en lo Penal de 21º Turno.

¿Estos tres hechos tienen alguna concatenación entre sí? No hay elementos como para afirmarlo.

Pero si aparecieran en una novela justificarían hasta un cierto timing en la secuencia de los hechos. ¿Se trata de tres casos de corrupción durante este gobierno? No hay elementos como para afirmarlo.

Es más, en los dos primeros casos, el Hospital Maciel y los libros exportados a Venezuela quedó claro que los vínculos con el Frente Amplio no eran tales.

En el caso de Antel, las propia jueza Gatti no encontró que la contratación de Román fuera irregular, por lo cual no le imputó el delito «de usurpación de funciones, en tanto el mismo no parece haberse configurado en el caso».

Por esa razón delegó competencia ante el Juzgado que había tomado el caso en su inicio.

El lunes 31 de agosto, en la sesión del consejo de ministros, Jorge Vázquez presentó un documento en el cual se había falsificado su firma por parte de Román, aunque hasta ese momento no se habían unido las dos cosas.

El presidente Vázquez le recordó a sus ministros que se viven «tiempos electorales» en los cuales se busca «involucrar al gobierno» con acusaciones de «clientelismo político», e informó que habían llegado otras denuncias que involucran a otras empresas públicas y alertó sobre «movidas raras».

Al día siguiente, martes 1º de setiembre, el gobierno presentó una denuncia penal contra el ex intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, por presuntas irregularidades cometidas por el Comité de Emergencia Departamental en mayo de 2007 durante las inundaciones que azotaron al departamento.

El hecho fue interpretado como una respuesta a los ataques contra el gobierno y la fuerza política.

Este lunes, el consejo de ministros recibió un primer informe del subsecretario de Interior, Ricardo Bernal, sobre la investigación realizada por la Policía sobre Román Suárez. En él se indica que se trató de «una acción individual» y el nuevo ministro de Industria, Raúl Sendic descartó la hipótesis del «espionaje» empresarial como político y declaró que en el gobierno no hay «paranoia» por lo sucedido con el ex policía. El término utilizado por Sendic alude a declaraciones del candidato a vicepresidente del Partido Nacional, Dr. Jorge Larrañaga que había respondido a declaraciones del senador Fernández Huidobro. Para el líder de la CAP-L, es obvio «que esto fue una operación de inteligencia al más alto nivel gestada por poderosos intereses.

¿Qué andaba buscando este señor en la casa y despacho de Perera?

Estaba buscando a ver cuánto sabía Perera de ciertas cosas. Va a haber que hacerle justicia a Perera».

Larrañaga respondió que no compartía esos dichos y que Fernández Huidobro, «poco menos que siempre echándole la culpa, en una suerte de paranoia y de persecución de qué operativos de inteligencia están detrás de todo esto. Esto es simple y llanamente una vergüenza».

Ayer se informó que el Partido Nacional variaba su estrategia, luego que se conocieron encuestas que lo marcan en caída.

El senador Julio Lara declaró que «nunca hubo tanta corrupción como en este gobierno» y el senador Sergio Abreu afirmó que el oficialismo hizo «un magíster en corrupción».

La nueva estrategia acordada por el comando de la fórmula blanca, consiste en atacar al gobierno y al Frente Amplio por eventuales episodios de corrupción y salir a la ofensiva recordando el pasado de los tupamaros, apuntando a golpear al candidato Mujica. El senador Gustavo Penadés dijo que la gente y los militantes nacionalistas lo estaban reclamando y que este debate se irá instalando paulatinamente producto de la campaña del Frente Amplio. «Si buscan debatir sobre el pasado, debatiremos sobre el pasado. Y tendrán que explicar muchas cosas».

En marzo de este año, el ex ministro de Economía, Ignacio De Posadas había advertido que «si enchastran» al ex presidente Lacalle «también perjudicarían a Larrañaga» y llamó a no incluir el tema de la corrupción en la campaña hacia las internas del Partido Nacional.

En la campaña de las internas, Larrañaga había acusado a Lacalle de maquillar sus posiciones de derecha y conservadurismo, pretendiendo camuflar a los De Posadas.

Los hechos de Antel le vinieron como anillo al dedo al Partido Nacional que, a través del diputado Javier García, convocó a Sendic, Jorge Vázquez y al nuevo Directorio de Antel al Parlamento, a la Comisión de Industria de Diputados. García dijo que «este hecho demuestra la crisis institucional del organismo», refiriéndose a Antel

 

«La investigación debe continuar y profundizarse»

En los autos de procesamiento de Román, la jueza Gatti indicó que «debe señalarse todavía que los hechos reseñados precedentemente son los que deben reputarse probados hasta el presente, sin embargo, es evidente que la investigación debe continuar y profundizarse, cosa que no puede hacerse antes del vencimiento del plazo de 48 horas previsto constitucionalmente, ya que no puede aceptarse sin más, al menos no sin antes agotar todas las posibilidades probatorias, que Román no haya actuado con la participación de otras personas además de su esposa o que sólo buscara obtener un empleo público. El riesgo parece ser desproporcionado para ese fin».

 

Muchas preguntas, pocas respuestas

Según pudo saber LA REPUBLICA, Elbio Javier Román revistó en la Policía en el escalafón L, grado 1, por lo menos hasta diciembre de 2005, según un documento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Hace un año y medio trabajó en el cambio Sir, del corredor de Bolsa Ignacio Rospide, reforzando por corto tiempo la guardia de seguridad, a través de una empresa de seguridad y recomendado por un funcionario de Hurtos y Rapiñas. Sin embargo, Rospide desmintió a LA REPUBLICA que él lo hubiera traído de Buenos Aires como
se dijo en algunos medios.

«Venía a trabajar de championes», dijo Rospide, y prácticamente no intercambié más que saludos con él».

¿Qué hizo Román en San Pablo y en Buenos Aires? ¿Por qué iba a hacer compras a Buenos Aires «porque era más barato», según declaró a la jueza? ¿Cuáles eran sus ingresos para mantener una familia con esposa, dos hijas y otro en camino? ¿De dónde salía el dinero para llevar una vida tan dispendiosa con mujeres y andar en el coche de una abogada, como declaran su padre y su hermana? ¿Con qué dinero adquirió una valija con aparatos electrónicos y software para falsificar la voz de Jorge Vázquez, que costó U$S 300 mil?. Román vivía en el apartamento tres, al fondo, en la casa propiedad de un tío suyo en Piedras Blancas.

¿Por qué se mudó una semana antes de desatarse el escándalo en Antel? ¿Por qué el teléfono figura a nombre de sus esposa y ésta colaboró en la maniobra, si como ella dice estaba separada de cuerpo desde hace años? ¿Por qué los vecinos creían que trabajaba en Narcóticos? ¿Cuál era su contacto en la Policía de Canelones, que según su padre, otro policía retirado le había prometido conseguirle un empleo? ¿Por qué varias veces fue un oficial a buscar su arma? ¿Estaba bajo tratamiento psiquiátrico, como dijo su padre? ¿Buscaba solo un trabajo en Antel como dice su padre? ¿Por qué insistió con solicitar a Antel una computadora arriesgando su descubrimiento? ¿La guardia de la Torre de las Comunicaciones qué responsabilidad tiene? ¿Fallaron los controles? ¿Por qué Román se hacía fotografiar reiteradamente con sus compañeros? ¿Por qué usaba una vestimenta tan poco discreta y lucía llamativo ante el resto del personal? ¿Actuaron sólo él y su mujer? ¿Es un operativo de Inteligencia?

¿Por orden de quién Román estaba ahí buscando documentación e información de Gonzalo Perera?