Bruni llegará "hasta el hueso" para investigar supuestas irregularidades

La de ayer fue una instancia parlamentaria que ­vale decir­ tuvo muchas «primeras veces». Fue la primera vez que una interpelación es dedicada a alguien o en homenaje a algo.

Fue la primera vez que desde la oposición se valora verbalmente y hasta por escrito la actitud de un ministro al que llamó para interpelar. Fue la primera vez que en sala los legisladores oficialistas aplauden fervorosamente al interpelado al término de la convocatoria. Fue la primera vez (aunque ya lo había hecho 24 horas antes en una conferencia de prensa) que un ministro reconoce, y en el Parlamento, los errores administrativos por los que fue llamado. Fue la primera vez que los integrantes de una fórmula electoral asisten a una sesión desde las barras de la cámara. Pero dicho esto, es menester hacer aquí la siguiente advertencia: ni se le vaya a ocurrir leer esta crónica si lo que espera encontrar a continuación son transcripciones de un áspero debate parlamentario; quizá respuestas meándricas de un representante del Poder Ejecutivo; tal vez diputados de la oposición ofuscados y rechinantes o siquiera una bancada de legisladores oficialistas con un papel protagónico en cerrada defensa de uno de sus ministros. Nada de eso ocurrió ayer en lo que fue la última interpelación de esta última sesión de la legislatura a la que ya le están saliendo ojeras. El diputado colorado Daniel García Pintos, que dedicó el llamado a sala a «las víctimas de la violencia y muy especialmente a los que a causa de ello han fallecido», convocó en régimen de interpelación al ministro de Interior, Jorge Bruni, tras la detección de irregularidades en las cifras oficiales sobre delitos, dadas a conocer un par de meses atrás por la oficina del Observatorio de Criminalidad y Violencia de la propia secretaría de Estado.

Pero el interpelador no fue directamente al meollo del tema, sino que comenzó su intervención con una retrospección de lo realizado por esa cartera ministerial desde el 2005 a la fecha. Así fue que recordó la gestión de José Díaz, del proyecto de ley de humanización carcelaria, de la administración llevada adelante por Daisy Tourné (que se encuentra en Las Antillas y retorna recién el día 12) y de la sindicalización policial. Todo mencionado con crítica punzante al punto tal que dijo que «con el sindicato de la Policía, el PIT-CNT tiene un instituto armado a sus órdenes».Cuando arribó finalmente al punto por el cual había convocado al ministro Bruni, el interpelador fue contundente. Con diapositivas mostró instructivos en los que se señalaba que cuando hubiese una denuncia que tuviera a un celular como motivo de un delito, siempre se tipificara que había sido mediante un hurto. Nunca una rapiña. Nunca un arrebato.

«¿Por qué le hacen esto a la gente? ¿Por qué mienten?», se preguntó García Pintos, quien no dudó en decir que las cifras «se maquillaron» a propósito para reducir los índices de rapiñas en estos tiempos electorales «a sabiendas de que uno de los puntos débiles de este gobierno es la seguridad pública». Pocas, pero explícitas respuestas esperaba conocer el interpelador tras realizar sus preguntas: «¿Quién dio la orden para que la modalidad de rapiña no apareciera en los instructivos? ¿El ministerio de Interior sabía de esto? ¿Se está investigando?».

El ministro Bruni, con voz pausada y tranquilizadora, relató que ni bien llegó a su conocimiento el problema denunciado, ordenó detener los instructivos, trasladó el hecho al Tribunal de lo Contencioso Administrativo e inició una investigación interna.

Aseguró no tener problemas en reconocer los errores detectados y calificó de «exagerado» el motivo de la interpelación, teniendo en cuenta además que parte del problema ya había sido aclarado con el propio diputado García Pintos en reuniones mantenidas entre ambos en el mismo Ministerio de Interior. Bruni contó que con el legislador se había puesto de acuerdo en investigar la irregularidad administrativa «hasta que me enteré por la prensa que quería interpelarnos». Rechazó la acusación de «maquillar» los datos del observatorio. Aseguró que corrigiendo las cifras, los «hurtos y rapiñas significan el 0,15% de todas las denuncias de delitos en el país». Y dejó un mensaje para la posteridad: «Estos errores seguirán existiendo y los seguiremos corrigiendo cuando sean detectados. Y cuando sepamos quién fue el responsable del error, nosotros mismos pediremos permiso para venir a informar al Parlamento el resultado de la investigación».