Empresas públicas y gestión estatal: hacia un nuevo consenso social

Víctor Abelando

 

Cuando el ministro de Economía, Alberto Bensión, justificó el aumento de los combustibles en la necesidad de que las empresas públicas contribuyeran, «porque son propiedad de todos», a financiar el presupuesto de la educación y demás, puso sobre la mesa una de las discusiones fundamentales del actual proceso de reforma del Estado. La argumentación del secretario de Estado apeló a uno de los principios más caros de las concepciones socialdemócratas, tan corrientes en la Europa de posguerra: el Estado debe redistribuir la riqueza para amortiguar conflictos e igualar a los distintos sectores sociales. El planteo oficial abandonó, en esta oportunidad, el discurso liberal y, por tanto, la necesidad de la eficiencia y la rentabilidad (única forma de sobrevivir en un mundo donde la competitividad es la medida de todas las cosas, según la concepción dominante) como única lógica posible de los entes estatales.

El senador socialista Manuel Núñez señaló la contradicción de las palabras de Bensión con las conceptualizaciones del gobierno tendientes a preparar las empresas públicas para el escenario de la globalización y la integración.

Para Núñez, «la paradoja es que el ministro argumente por la izquierda para aplicar una política de derecha, pues recurre a un impuesto indiscriminado mediante el aumento de las tarifas, que golpea fundamentalmente a los sectores de ingresos fijos».

«Al mismo tiempo», sostuvo, «el gobierno de coalición mantiene la obligación de que los entes paguen más aportes patronales al BPS (de los que se ha exonerado a muchos empresarios privados), un impuesto a la compra de moneda extranjera, más, Imesi, IRIC, etcétera».

Sin embargo, Bensión, voluntaria o involuntariamente, trajo al debate sobre el futuro de las empresas públicas, uno de los aspectos ausentes hasta ahora: el papel de las mismas en la sociedad.

«En sus inicios», recordó el senador José Mujica, «los entes del Estado tenían dos razones fundamentales de existencia: el servicio universal y la apuesta a determinado modelo de desarrollo del país. Por tanto, la acepción de eficiencia a la que debían afiliarse –añadió– era la promoción de la equidad y el desarrollo y no sólo la producción de riqueza»

Tal papel de las empresas suponía la posibilidad de redistribuir la renta nacional a través de los aportes a Rentas Generales de sus ganancias, a la vez que ser soporte de la industrialización y desarrollo de los sectores productivos.

«Era la aplicación de un modelo de sociedad inclusivo, donde el Estado garantizaba políticas de igualación tan características del Uruguay», subrayó el dirigente tupamaro.

Suponía, entonces, la existencia de un consenso social o pacto, mediante el cual los uruguayos utilizaban el monopolio público en áreas estratégicas para cubrir los gastos del Estado, tanto en las políticas sociales (comunes al Estado de Bienestar) como en la resolución de sus gastos de seguridad, etcétera.

 

Inclusión y no exclusión

«Las distintas argumentaciones sobre la reforma del Estado, impulsada desde las esferas gubernamentales o desde la oposición, han carecido –señaló la senadora comunista Marina Arismendi– de una formulación que atienda a ese carácter de las empresas públicas».

La preocupación de algunos actores ha estado más dirigida a marcar los aspectos que las harían competitivas que a su función social, subrayó. «A veces el pensamiento progresista se impregna de un cuota de un supuesto ‘realismo’ y razona sobre la lógica de la inexorabilidad de la apertura indiscriminada de los mercados y las desmonopolizaciones, entonces se enfatiza en adaptar las empresas públicas, quitándole las cargas impositivas que hoy pesan sobre ellas, pero así se renuncia al papel fundamental que deberían cumplir (y que hoy cumplen en aspectos básicos, a pesar del lastre del clientelismo) y se reclaman exoneraciones impositivas sin señalar las fuentes de financiamiento para que el Estado no renuncie a un proyecto integrador y no de exclusión».

Lo primero que se debe denunciar, agregó, es que «la ofensiva neoliberal, al desmantelar las empresas públicas y ceder el espacio a las transnacionales, rompe el consenso social, sobre el que se tejió la sociedad uruguaya, con la idea de que el mercado es el mejor asignador de recursos. Las ganancias se van y nadie asegura que servicios como el agua, la electricidad, los teléfonos, lleguen a todo el país y toda la población cuando el fin es el mero lucro», enfatizó Arismendi.

Para la dirigente comunista, «la experiencia indica que en aquellos países que aceptaron los dictados de los organismos internacionales de crédito (FMI, Banco Mundial, etcétera) el resultado ha sido la aparición de sociedades exclusivas, donde la constante es el aumento de la pobreza, el rompimiento del tejido social y la marginación de importantes sectores de la población».

«No obstante, la peculiaridad de Uruguay hace que la ofensiva privatizadora sea dosificada y no «a lo bestia» como en otros países. Para ello influye, opinó la senadora, la impronta del batllismo y el resultado del plebiscito de 1992 que impidió la privatización de las empresas estatales». Inclusó, agregó, «las últimas encuestas (más del 70% de los encuestados se mostró proclive a mantener en la órbita pública a los entes) y los 500 mil que concurrieron el pasado 18 de febrero en la jornada para habilitar un referéndum contra 13 artículos de la primera ley de urgencia.

De ahí que el mecanismo para enajenar los bienes estatales tenga en cuenta que «privatización» es mala palabra en Uruguay».

 

La reforma imprescindible

«

Pero esa corrupción de sus cometidos originales tiene responsables, y son «precisamente quienes han gobernado el país» –subrayó–, los mismos que sostienen invariablemente que el Estado es ‘ineficiente y mal administrador'».

No obstante la ubicación de las responsabilidades, para el senador una de las medidas más urgentes es la modificación de su gestión, «una tarea más difícil que privatizar».

«¿Quién hará lo que debe hacer el Estado?», se preguntó.

Para Mujica es esencial modificar tanto la estructura de dirección de las empresas públicas como la forma de conducirlas. La participación de los trabajadores en la gestión, especialmente en los niveles de producción y direcciones técnicas en lugar de políticas, son los aspectos más novedosos de su planteo.

En cuanto a la «cabeza», «ésta debe estar constituida por técnicos movibles y convocados por concurso y no por políticos que no accedieron a cargos electivos. No se trata de cambiar un ingeniero del Foro Batllista por uno del Encuentro Progresista».

El dirigente tupamaro sostuvo la necesidad de «establecer mecanismos de incentivación económica, donde los funcionarios comparten los riesgos de la empresa. Ello supone también el abandono de la inamovilidad del funcionario público desde la subgerencia hacia arriba, y en el caso de los trabajadores no ejecutivos, la labor debe ser juzgada por sus pares y no por los gobiernos de turno. El juicio colectivo es más severo que cuando se lo hace individualmente», subrayó.

En cuanto a la función social de los entes estatales, Mujica es partidario de construir un fondo donde volcar parte de las ganancias estatales, y no que están se vuelquen indiscriminadamente a Rentas Generales. «Las empresas deben ser mecenas indirectos».

Mujica se preguntó cómo se capitaliza un país (a niveles similares de los alcanzados por los países desarrollados) si no es a partir de un esfuerzo conjunto de la sociedad, donde ella pacta cómo
distribuir e invertir sus recursos. En ese plano son fundamentales las empresas públicas, observó.

Para los consultados, las distintas actitudes (en la propia izquierda) frente a las desmonopolizaciones y privatizaciones (en la eliminación de la refinación del petróleo de parte de Ancap, las posiciones en el EP-FA son contradictorias) obedecen a la aceptación axiomática de algunas premisas del neoliberalismo, por ejemplo, la necesidad de achicar el Estado, la lógica de la competencia frente a la del servicio en las empresas estatales, la inalterabilidad de la actual globalización, entre otras.