Difusión pública del "caso Apsiler" complicó la investigación judicial

La jueza especializada en Crimen Organizado de 1er. Turno, Graciela Gatti, y el fiscal Ricardo Perciballe tramitan desde hace tres meses «una extensa y reservada investigación» sobre los negocios entablados entre la empresa Apsiler SA y entidades radicadas en el exterior.

La magistrada previno ante «una denuncia anónima» arribada a los Juzgados Especializados e inició una amplia investigación sobre la operativa, ante las dudas devenidas por las cuantiosas ganancias de los negocios entre Apsiler SA y empresas del exterior, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

En este sentido, la jueza Gatti conformó un equipo interdisciplinario, en el cual participa entre otros la Secretaría Nacional Antilavado de Activos y el BCU, para desentrañar los aspectos «oscuros» del negocio. La actuación de la jueza «se desarrollaba en estrecha reserva» ante el tenor de la investigación, por lo que la difusión pública de la noticia «complicó en gran forma» la indagatoria iniciada, señalaron las fuentes. «Pueden ser tres meses (de investigación) echados a la basura», dijeron las fuentes.

 

Los hechos

El senador nacionalista Ruperto Long denunció públicamente, por intermedio del semanario Búsqueda, el negocio entablado entre Apsiler SA y empresas radicadas en Venezuela, cuyo monto resultaba llamativo, en tanto el beneficio económico para la empresa uruguaya.

En este sentido, la información daba cuenta de un costo de 6 dólares en la impresión de libros y folletos de cartografía, los cuales eran comerciados en el país caribeño en 498 dólares la unidad. Esto implicaba una ganancia de 30 millones de dólares para el exportador.

Long, en consonancia con la información difundida en Búsqueda, dejó entrever en varios medios la necesidad de indagar el hecho «por su gravedad» y en atención a un posible vínculo entre Apsiler SA y el Frente Amplio, levantando un manto de suspicacias sobre el destino del dinero que podía ser utilizado para financiar la campaña electoral del partido de gobierno.

La hipótesis tenía «su sustento» en el vínculo filial (primos) existente entre la senadora del Espacio 609 Lucía Topolansky, y esposa del candidato presidencial José Mujica, y el primer propietario de la empresa Alfredo Alvarez Saavedra, así como por el destino de la exportación: la República Bolivariana de Venezuela.

Sin embargo, en la jornada de ayer varios medios se hicieron eco de los dichos, tanto de la legisladora como de Alvarez Saavedra, quien exigió al senador del Partido Nacional una retractación pública de los hechos. Topolansky dijo que tiene 52 primos por parte de madre y 20 por parte de padre y que, además, no está al tanto de sus vidas privadas.

Alvarez Saavedra aseguró entonces que no tiene ninguna relación con Apsiler SA y que su asunción como presidente obedeció al pedido de un estudio contable para figurar como propietario, hasta la venta de las acciones. Una vez que asumieron las nuevas autoridades se desvinculó totalmente, e incluso dijo desconocer sus nombres.

Además, en cuanto a sus vínculos con la senadora Topolansky aseguró tener escaso contacto con ella y ni siquiera tener «afinidad ideológica». Sin embargo, Long se negó a retractarse aduciendo nunca haber utilizado nombres propios, e insistió en la necesidad de investigar.

«Nos parece esencial saber cómo es que ha habido ese ingreso masivo de dinero, de Venezuela a Uruguay. Creo que eso es en bien de la transparencia y del buen nombre del Uruguay, a nivel de los negocios internacionales», expresó el senador en Canal 4. Long comparó el hecho con el famoso caso de la maleta de Antonini. Por su parte, el candidato presidencial por el FA, José Mujica respondió a las declaraciones de Long. «Podrían ser un poquito más originales, un señor ingeniero, un senador de la República, ¿y tan poca imaginación tiene?. Realmente, ni le voy a dar pelota», afirmó Mujica.