Castigar asesinatos políticos
En un fundamentado y prolijo dictamen, el fiscal Perciballe argumenta la obligación de la persecución y el castigo en el caso del Escuadrón de la Muerte. Resulta ostensible que las circunstancias que hoy se investigan refieren a hechos acontecidos casi cuatro décadas atrás. Pese a ello, el Estado, al haber suscrito diversos e innumerables acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos, se ve en la obligación insoslayable de investigar, juzgar y, en su caso condenar, a los participantes en los hechos motivo de los presentes, afirma el representante del ministerio público. Agrega que «una vez que la comunidad internacional ratificara expresamente los principios jurídicos incorporados por el estatuto del Tribunal Internacional de Nüremberg, (adviértase que Uruguay fue uno de los diecinueve países adherentes al «Acuerdo de Londres» del 8 de agosto de 1945 que anunció la creación del mismo) quedó claro que el homicidio, la desaparición forzada, entre tantos otros hechos aberrantes como la tortura y/o las prácticas crueles inhumanas o degradantes que precediera a aquellos (como surge de los presentes) realizados por motivos políticos, desde posiciones oficiales del Estado, o bajo su aquiescencia o complicidad, lesionan de tal modo los valores de nuestra sociedad, como el de la comunidad internacional toda, que la humanidad toda no duda en considerarlos crímenes contra la misma, con el alcance que de ello se dimana».
Más allá de los Juicios de Nüremberg, la inmensa mayoría de los pueblos del mundo han reconstruido su pasado, lo siguen haciendo, a través de la persecución y el castigo de las conductas más aberrantes que la humanidad ha conocido.
A título de ejemplo, se citan los casos de Adolf Eichmann, juzgado en Jerusalén en 1961 por sus crímenes en la segunda guerra mundial y sus consecuencias en Alemania, donde se juzgó a partir de aquél, a los adláteres de Eichmann. También se recuerdan otros casos como el de Maurice Papon en 1996, en Francia; la extradición desde Argentina y posterior enjuiciamiento del criminal nazi Erich Priebke por el Tribunal Penal Militar de Roma en el año 1996; la extradición de Joseph Schwammberger desde Argentina en 1989 y posterior juzgamiento en Alemania en 1990; la condena en 1997 por la Audiencia nacional de España contra el capitán argentino Adolfo Scilingo; el caso Pinochet; los juicios del ex presidente yugoslavo Slodan Milosevic y del ex líder Serbio Radovan Karadzic; el juicio contra Jean Paul Akayesu por el genocidio ruandés y otros.
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