Drogas: posición  soberana

Uruguay en los foros internacionales ha defendido una visión sobre políticas de drogas que reivindica un enfoque de derechos, postula una responsabilidad compartida en forma equitativa y reclama una estrategia nacional, regional y mundial equilibrada e integral donde lo represivo tenga tanta importancia como la prevención, educación, tratamiento y proporcionalidad de la política criminal.

La Delegación Uruguaya de la JND compartió este enfoque con representantes de ONG y think tanks (centros de estudios) de mucho prestigio e influencia.

La delegación de la JND realizó jornadas de trabajo con WOLA (Washington Office on Latin America), que dedica sus esfuerzos a la relación con América Latina y con el presidente del Inter-American Dialogue, Peter Hakim.

Según fuentes de la delegación compatriota, «dichas organizaciones valoran que la actual administración de Obama haya manifestado un cambio en su óptica».

Declaraciones de la secretaria Hillary Clinton sobre que el fenómeno de las drogas debe admitir un nuevo planteo de una verdadera responsabilidad compartida sustentan esa lectura.

Fuentes de la delegación recordaron que «la posición uruguaya sostenida en la Comisión de Estupefacientes y en la Cicad-OEA sobre algunos tópicos, demuestran la independencia de criterio y la defensa de ciertos principios que hoy se abren camino en el continente» y expresa diferencias con la óptica tradicional sostenida por EEUU.

Uruguay ha sido firme en impulsar un equilibrio entre las políticas represivas, concentrándolas en el crimen organizado y gran narcotráfico, en el lavado de dinero que involucra estamentos poderosos fuertemente vinculados a actividades financieras no controladas y las acciones de prevención, educación y tratamiento.

Ello incluye un enfoque criminal que sea proporcional entre el daño y la pena y no se concentre en los consumidores y pequeños traficantes. Que incluya el modelo de reducción de daños como política sanitaria y tenga un enfoque de apego a los derechos humanos.

Eso implica, por otra parte, que los países centrales no descarguen el problema en otros que tienen marcados problemas económicos y sociales, y se asuma que en dichos mercados se genera la demanda y se lava dinero en proporciones muy grandes.