El gobierno justificó el aumento de las jubilaciones

El tema central fue el ajuste de pasividades concretado en julio con el aumento a 36 mil personas que perciben pensiones mínimas y jubilaciones sumergidas a 2.916 pesos. Dicho aumento había sido cuestionado por la oposición y por tal razón las autoridades fueron citadas a dicho ámbito parlamentario.

Ernesto Murro indicó que «el ajuste fue decretado el 24 de octubre de 2008, doce meses antes del período electoral; fue aprobado, está vigente y publicado desde esa fecha y nunca nadie lo impugnó».

Explicó que ese decreto establece, entre otras cosas, el ajuste para jubilaciones mínimas y pensiones sumergidas a partir del 1º de julio de 2009.

Murro también recordó y dijo a la prensa que demostró en Comisión que en el gobierno del doctor Jorge Batlle, durante 2004, «sólo cuatro meses antes de las elecciones se aprobó un decreto con fecha 4 de agosto de 2004 aumentando las pasividades, pero además en julio de ese mismo año se aprobaron otros decretos que aumentaban los salarios de los funcionarios públicos, el salario mínimo nacional, de las empleadas domésticas y los rurales, y nadie dijo nada. En ese momento nadie se pronunció y todo el mundo aceptó esos decretos pacíficamente»; a diferencia de este gobierno, dijo Murro, que promulgó el decreto cuestionado doce meses antes de las elecciones. El presidente del BPS aclaró que el aumento es parte de la política del gobierno frenteamplista y que no es el primero, es el tercer aumento consecutivo que se realiza en el sistema social.

«Si fuera cierta y correcta la hipótesis del diputado Pablo Abdala, ahora en julio los trabajadores que reciben aumento por Consejos de Salarios no tendrían que percibirlo, por ejemplo», indicó. Finalmente, expresó que la acusación del legislador es «jurídicamente incorrecta» e «injusta» la posición que sostiene el diputado blanco.

El diputado Pablo Abdala dijo por su parte a LA REPUBLICA que la respuesta brindada por las autoridades «no conformó» e insistió con su consideración de que el gobierno «actuó en sentido contrario a lo que establece la Constitución ya que la inconstitucionalidad sigue existiendo a pesar de que el decreto se haya aprobado doce meses antes», afirmó.

«No nos oponemos a que los pasivos cobren el aumento, pero les señalamos que el gobierno ha actuado de manera polémica y desborda los límites constitucionales; que se sepa cuál es la verdadera motivación de este gobierno», señaló al insistir en que el aumento fue anunciado con fines «totalmente políticos».