"Punto final a la impunidad"

El militante por los derechos humanos Jair Krischke sonaba emocionado en la comunicación telefónica. «Después de mucho, logramos obtener la extradición», explicó a LA REPUBLICA, medio con el que había trabajado a lo largo de cinco años para que el torturador Manuel Cordero fuera juzgado por sus crímenes. Krischke fue quien ubicó a Cordero en Santana do Livramento en 2005 y posibilitó su detención en 2007 para que se resolviera su extradición a Argentina o Uruguay. Desde Porto Alegre, observó por el canal TV Justicia, la sesión del STF en la que, con el voto del ministro Eros Grau, se definió la extradición del militar uruguayo. «Es un hecho importantísimo, no solamente para los uruguayos o para los argentinos que pidieron la extradición, sino para todo el cono sur de nuestra América y, especialmente, para Brasil, porque por primera vez una decisión de nuestra Suprema Corte dice que los crímenes de desaparición siguen vigentes y no prescriben», declaró. «Lo que al fin y al cabo, acaba por alcanzar a nuestros ‘desaparecedores’ y, aun más, pone un punto final en la cultura de la impunidad a los crímenes semejantes cometidos durante nuestra dictadura militar y que aún tiene fuerte vigencia en Brasil. Por lo tanto, significa además un extraordinario avance para nuestra democracia», agregó Krischke. Explicó que ya se ha advertido a la Policía Federal brasileña para que se vigile el domicilio de Cordero y toda la frontera sur del país, para evitar una eventual nueva fuga del torturador, quien podría intentar obtener refugio en Paraguay o buscar regresar a Uruguay para lograr las comodidades de la prisión especial de la calle Domingo Arena. En Argentina, el tema había sido comunicado por el embajador Hernán Patiño Mayer al canciller Jorge Taiana, mientras que en Uruguay las autoridades del gobierno habían informado al ministro Jorge Bruni.