Fiscal pidió archivar denuncia contra Gonzalo Fernández

El fiscal Ricardo Perciballe solicitó ayer el archivo de una denuncia presentada contra el canciller de la República, Gonzalo Fernández, por elaborar un informe para el empresario Francisco «Paco» Casal, en el marco del litigio penal por defraudación tributaria iniciado en su contra por la DGI.

La Fiscalía consideró que Gonzalo Fernández elaboró la consulta jurídica en su condición de catedrático en derecho penal «y no como canciller de la República o miembro del Poder Ejecutivo», por lo cual no existe la posibilidad de imputarle una actitud dolosa, dijeron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

El dictamen del fiscal Perciballe realiza un pormenorizado análisis técnico de las inhibiciones inherentes al cargo de los jerarcas del Estado, del cual se desprende que «el canciller de la República no tiene vedado el ejercicio de la profesión», por lo cual «no hay incompatibilidades desde el punto de vista constitucional», explicaron fuentes.

La solicitud de la Fiscalía será elevada en las próximas horas al despacho del juez Especializado en Crimen Organizado, Jorge Díaz, para resolución. El magistrado puede acoger la petición de la Fiscalía y archivar las actuaciones, o en su defecto solicitar nuevas medidas probatorias en el caso.

 

La consulta

La denuncia penal contra el canciller fue interpuesta por el abogado Gustavo Salle en el entendido de que el caso de la denuncia de la DGI contra Casal fue tema de análisis en el Consejo de Ministros, por cuanto el fisco depende en forma directa del Ministerio de Economía y Finanzas.

Por esta razón, Salle se presentó ante los Juzgados Especilizados y solicitó iniciar una investigación para determinar si Fernández incurrió en los delitos de «conjunción del interés público con el privado» y «manejo de información privilegiada».

El informe jurídico elaborado por el canciller de la República fue uno de los elementos utilizados por el juez penal de 17º Turno, Carlos García, y la fiscal Dora Domenech, para solicitar el archivo de la denuncia por «defraudación tributaria» impulsada por la DGI contra el contratista. En el mismo, Fernández sostuvo que Francisco Casal no incurrió en el delito de «defraudación» ni le ocultó información a la Justicia.

El diferendo entre el fisco y el mayor contratista del fútbol uruguayo contó con al menos una decena de informes jurídicos favorables a la posición de Casal, pero el del canciller Gonzalo Fernández fue el de mayor exposición mediática en atención a su cargo dentro del Poder Ejecutivo.