Viviendas para testigos protegidos contra narcos

La Junta Nacional de Drogas, el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario del Uruguay firmaron un convenio por el cual se les otorgará una vivienda «digna y segura» a aquellos funcionarios de diversas dependencias estatales que trabajan en la lucha contra el «narcotráfico y el lavado de dinero».

El prosecretario de la Presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas, Jorge Vázquez, junto a los ministros Carlos Colacce (Vivienda), Jorge Bruni (Interior), el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, Gonzalo Altamirano, y el presidente del BHU, Jorge Polgar, anunciaron ayer, luego del Consejo de Ministros, la firma de un convenio que facilita el acceso a la vivienda para funcionarios que desarrollan tareas vinculadas al combate al narcotráfico y el lavado de dinero.

Vázquez recordó que en la última Rendición de Cuentas se incluyó una propuesta de «protección a testigos y funcionarios afectados» por la lucha contra estas actividades ilícitas. Dentro de las medidas de protección se encuentra otorgar facilidades para «el acceso a viviendas seguras y dignas».

«Muchos funcionarios de distintos organismos del Estado viven en lugares considerados complicados, por lo que es importante darles acceso a una vivienda con condiciones de seguridad y dignidad», aseguró el jerarca.

El ministro Colacce resaltó que con esta iniciativa se estaría dando una «respuesta concreta, con soluciones adecuadas, a través de créditos similares a los dispuestos en los llamados ordinarios del ministerio, a través de créditos del BHU y de viviendas que son cedidas para estos casos». En tanto, la Agencia Nacional de Vivienda establecerá ventajas para los funcionarios beneficiados que «no participarán de los llamados que se realizan públicamente».

El BHU realizará en una primera instancia hasta 10 préstamos en una línea especial, más «blanda», y no se exigirá que sean ahorristas. La Junta será el organismo que definirá los beneficiarios.

Para el caso de la protección de testigos, Vázquez aseguró que se dispondrá de las debidas viviendas para «protegerlos durante el tiempo que se estime necesario».

Según las autoridades, la experiencia internacional indica que esta es una situación de «riesgo» y, por lo tanto, el Estado «tiene la obligación de darle las condiciones adecuadas de vida a quienes se les exige que cumplan con los objetivos trazados». Vázquez aclaró que se trata de medidas «de carácter precautorio, deben tomarse antes que las cosas sucedan, porque luego sólo resta lamentarse».