Las contradicciones, la impunidad

El ocultamiento se mantuvo durante todo el gobierno de Sanguinetti. El juez Ruibal Pino tardó dos años en reclamarle a la Presidencia de la República la comunicación de amparo del caso en la Ley de Caducidad, que llegó el 13 de noviembre de 1989 con una presunta investigación policial que volvía a decir que Castro había viajado a Argentina.

La impunidad continuó durante el mandato del hoy presidenciable Luis Alberto Lacalle y aun en la administración colorada de Jorge Batlle, cuya Comisión para la Paz terminó por admitir que Julio Castro no había viajado en el avión y había sido secuestrado por la dictadura y muerto bajo torturas en la Casona de Millán. Sin embargo, la verdad siguió siendo ocultada en 2003, cuando el secretario presidencial Carlos Ramela, en nombre de la Comisión para la Paz que integraban el hoy canciller Gonzalo Fernández y el arzobispo de Montevideo, monseñor Nicolás Cotugno, dio dos versiones distintas sobre el trágico destino de Julio Castro. El 26 de febrero se le dijo a la familia que el cuerpo de Julio Castro, como el de Elena Quinteros, nunca sería encontrado porque no se sabía dónde había sido enterrado. Pero dos meses después, el 10 de abril, el informe final de la Comisión para la Paz estableció que, como los demás desaparecidos, había sido enterrado en el Batallón Nº 14, exhumado en 1984 y sus restos incinerados y arrojados al mar.

Las contradicciones, aun en gobiernos democráticos, 25 años después de la desaparición de Julio Castro, llevaron a su familia a iniciar una acción civil de reparación patrimonial como mecanismo de conocer una verdad que, ley de impunidad mediante, le seguiría siendo esquiva en la Justicia penal. Durante la administración Batlle la defensa del gobierno fue encargada al Ministerio de Defensa, que encabezaba Yamandú Fau, quien encomendó a los abogados Pablo Mella y Alfredo Maeso Vera la representación del Estado en la demanda contra este por parte de la familia de Julio Castro. La defensa del caso continuó tras la asunción del presidente Tabaré Vázquez, electo por el mismo partido ­Frente Amplio­ del que Julio Castro fuera fundador en 1971.

En 2006 Maeso y Mella llegaron a decir que si Castro no había sido liberado con la amnistía a los presos políticos, sencillamente estaba muerto y el delito había prescrito. Finalmente, a principios de 2009 la Justicia falló en contra del Estado y ordenó una reparación patrimonial a la familia de Julio Castro. Sin embargo, pese a todas las pruebas que existen y aun cuando la Justicia civil se ha pronunciado, la muerte de Julio Castro sigue impune. Al menos, mientras continúe vigente la Ley de Caducidad.