"Herejía", "feto" y  "acoso"

El ex presidente Julio María Sanguinetti señaló que con la anulación de la Ley de Caducidad se busca abrir «un vasto espacio de debates judiciales que llevará años».

Sanguinetti cuestionó el alcance que el presidente Vázquez le ha dado a la Ley de Caducidad, afirmando que «se estiró la ley más allá de la letra y el espíritu, se abrieron juicios que no correspondían y se impusieron criterios totalmente arbitrarios».

Más adelante, sobre los procesamientos ya decretados, Sanguinetti sostuvo que el hecho de que «se condene por homicidio a alguien que debió saber, aunque no se haya sabido, es un principio que sólo en los regímenes fascistas y comunistas se ha aplicado».

Por otro lado, sostuvo que en nuestro derecho «no existe la nulidad de las leyes» y que éstas sí «pueden derogarse, lo que deja vigente todo lo hecho en su aplicación; y de disponer alguna retroactividad, ella nunca puede alcanzar a los derechos ya adquiridos». «Como no se quiso derogar, se busca entonces anular mediante una norma de rango constitucional que haría como que nunca existió. Es algo realmente atentatorio de todos los principios de seguridad jurídica», afirmó Sanguinetti.

«Es claro ­agregó­ que se procura abrir un vasto espacio de debates judiciales que llevará años y expondrá a las Fuerzas Armadas a un largo período de acoso».

En la misma edición de la revista, el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre explicó los motivos por los cuales, a su entender, la Ley de Caducidad no puede ser «derogable ni anulable». En el artículo, Aguirre sostuvo que la derogación de la Ley de Caducidad es «jurídicamente inviable» o, citando a Justino Jiménez de Aréchaga, «un feto no viable» y de materializarse configuraría, a su juicio, «un muy grosero atropello a la Constitución» y agregó que anularla «sería una herejía jurídica de consecuencias difícilmente previsibles»