FA remitirá a la Justicia informes de investigadora sobre entes y servicios

Así lo informó a LA REPÚBLICA el legislador Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista), quien consideró que durante todo el tratamiento del asunto en el grupo parlamentario quedó de manifiesto un importante conjunto de irregularidades, «el decálogo de lo que no hay que hacer en la función pública».

Los organismos analizados fueron OSE, Antel, BSE, Banco Hipotecario, Correo, Ancap y UTE. Brenta fundamentó las razones para el envío de las actuaciones a la Justicia.

«Nosotros, una vez culminados los informes más allá de que mucha información que está a disposición nuestra ya permitió el procesamiento de varios jerarcas como Noachas, Sacchi, Granucci, Rodríguez Landoni, y en otros casos, solicitud de procesamientos, que no siguieron su curso por la protección de los fueros de Casas y de Amaro», señaló.

No obstante, precisó que «en algunos hechos que aún se investigan en la Justicia, la información recabada en la Comisión Investigadora puede generar nuevas actuaciones judiciales, por tanto, en nuestra opinión, esto debe ser remitido a la Justicia».

 

Clientelismo

«Se han constatado, como elementos absolutamente reiterados prácticamente en todos los organismos públicos que han sido analizados, el ingreso de funcionarios con criterios clientelistas; salvo excepciones, todos se realizaban por cuota política o por decisión de los directores pertenecientes tanto al Partido Nacional como al Partido Colorado, la famosa herencia del ‘pacto del chinchulín’, que establecía el criterio de tres y dos, criterio que se mantuvo», sostuvo Brenta.

La Comisión sesionó ayer resolviendo convocar a un jerarca del Banco Hipotecario y dar por finalizada la ronda de entrevistas, abocándose a la elaboración de los informes que serán presentados antes del 15 de setiembre, cuando finalice el actual período de sesiones ordinarias.

El parlamentario de la VA estimó que la política clientelística «no sólo involucraba a los funcionarios en carácter de zafrales o de becarios, o las mil formas que había para contratar en el Estado, sino además para otra clase de contrataciones como la de fleteros u otros servicios tercerizados».

Para Brenta, «lo mismo se constata a lo largo y ancho de todos los organismos públicos en los criterios para las donaciones que se realizaban también por decisión de los jerarcas, los directores políticos. En algunos casos concretos, había una cuota específica, y en el caso de Ancap había una cuota en pesos que el director podía donar mes a mes en elementos tales como pórtland, ancaplast, y mes a mes se llevaba una cuenta corriente de las donaciones».

En ese sentido, «en el caso de Ancap, en las donaciones, cuando los directores provenían del Interior del país, realizan las donaciones, en algunos casos, exclusivamente en su departamento de origen, donde luego se candidateaban a Diputados utilizando obviamente todas esas donaciones en provecho propio de su postulación».

Recordó el caso de Pose de San Martín, que «siendo jefe de Policía de Lavalleja, destinó una donación de Ancap en materiales para la cárcel de Lavalleja y se hizo una casa, y luego terminó preso».

Agregó que no existían controles sobre dichas donaciones «y no se sabía si la donación era realmente utilizada para lo que se donab; lo mismo pasaba con la publicidad, en muchísimos casos ni había controles de que se realizara, como el caso que fue muy sonado del semanario Patria en Ancap».