Reparación a víctimas de dictadura

Desde el retorno a la normalidad institucional, en 1985, los distintos gobiernos que se sucedieron no mostraron voluntad para proceder a la reparación de los ciudadanos que sufrieron arbitrariedades bajo el régimen cívico militar.

Hubo renuencia de parte de dichos gobiernos a promover soluciones legislativas para quienes padecieron persecución, destitución, prisión o exilio; y sólo recientemente, bajo el gobierno actual, se promulgó una ley que significó una reparación para los presos y exiliados, bajo la forma de mejora de las condiciones de retiro y del monto a cobrar por pasividad.

Está a estudio del Parlamento un proyecto de ley de reparación integral que se propone corregir algunas injusticias y casos no previstos en aquella primera ley, pero aquellos funcionarios públicos perseguidos por la dictadura, destituidos por razones políticas, y que fueron luego restituidos a sus cargos al volver la democracia, no han tenido ninguna forma. Este colectivo ­funcionarios destituidos pero que no sufrieron cárcel ni exilio­ viene realizando intensas gestiones para que se incorpore al proyecto mencionado una cláusula que los ampare.

A tales efectos, han concurrido a la Comisión de Constitución y Códigos del Senado ­donde se halla actualmente el proyecto­ a exponer su situación. Pedro Puppo, secretario del colectivo, explicó a LA REPUBLICA cuál es su aspiración y las razones que lo llevan a solicitar la incorporación de una disposición que los contemple.

Según sus cálculos, esta reparación a los funcionarios restituidos no significa una erogación de peso para el erario y corregiría una injusticia flagrante.