Robaron el disco duro de Mariño para impedir investigación judicial

«Quien haya sido que robó el disco mostró tener mano experta y todo indica que hubo alguien que le franqueó el paso hasta llegar al despacho donde estaba la computadora que usaba Mariño», dijo a LA REPUBLICA una fuente cercana a las investigaciones en curso.

Las fuentes de LA REPUBLICA revelaron que el disco duro fue hurtado entre las 17.30 horas del sábado y las 8.30 del domingo.

El hecho fue descubierto por funcionarios del banco que realizaban un inventario de los expedientes de Mariño, una pesquisa dispuesta por el juez penal Pablo Eguren que investigaba el atentado.

 

«Querían el disco duro»

Según información parcial recabada a última hora de ayer, el despacho habría sido encontrado en orden, al tiempo que la computadora fue hallada en el piso junto a la impresora.

«Parecería que pusieron la computadora sobre el piso para trabajar sin ser vistos desde las ventanas que rodean el despacho», comentó una fuente que estuvo en el lugar.

Informes preliminares de Policía Técnica descartarían por su parte que el hecho haya tenido otro objetivo más que robar el disco duro, ya que la computadora, que no resultó dañada, había sido abierta por manos expertas.

Las primeras pericias permiten asegurar, además, que ninguna puerta fue violentada para acceder al despacho donde estaba la computadora de Mariño.

«En principio quedó descartado que pudiera tratarse de un atentado intimidatorio», agregó una fuente.

No obstante, los peritos analizan a estas horas una serie de huellas dactilares encontradas en la computadora, pero anoche aún no se sabía si pertenecen a los funcionarios que tuvieron acceso a la computadora.

 

Expedientes con respaldo

El juez Pablo Eguren y la fiscal Mirtha Guianze, que tienen a su cargo la investigación del intento de homicidio sufrido por Mariño se habían apersonado el pasado jueves en el local del Departamento de Automóviles, en Bulevar Artigas y Burgues, para apoderarse de los expedientes que habían sido seguidos por el agredido ex jerarca.

La realización de un inventario de los expedientes de Mariño había sido solicitada mediante un oficio judicial.

Según trascendió, los representantes de la Justicia habrían obtenido copias de todos los expedientes, muchos de los cuales contarían, incluso, con un respaldo en disquetes.

«No se sabe si se perdió algo porque no se sabe exactamente qué era lo que estaban buscando en el disco, pero se piensa que no se perdió nada importante», aventuró un informante.

 

Todos a declarar

Varias personas fueron indagadas anoche por funcionarios policiales al mando del comisario Eduardo Romero de la División Homicidios, una dependencia de la Jefatura de Policía de Montevideo que desde el año pasado tiene a su cargo las investigaciones en torno al atentado que sufriera Mariño.

Entre los indagados figuran varios policías que ejercían la vigilancia del edificio donde estaba la computadora, algunos porteros y personal de limpieza, según revelaron las fuentes de LA REPUBLICA.

Todos los detenidos fueron dejados en libertad cerca de las 23 horas de ayer luego de ser interrogados durante toda la jornada. Algunos habrían quedado citados para concurrir hoy al despacho del juez Eguren.

 

Atentados y amenazas de muerte

El ex subgerente Luis Mariño había sido objeto de un intento de homicidio a fines de noviembre cuando se dirigía hasta un estacionamiento cercano a su casa en Estero Bellaco y Humaitá.

El atentado ocurrió el miércoles 22 de noviembre de 2000. Mariño recibió golpes que le provocaron tres hendiduras de cráneo. Debió permanecer en un CTI hasta el 13 de diciembre.

A comienzos del mismo mes, en diciembre, dos jerarcas del BSE fueron por su parte objeto de amenazas de muerte: el subgerente general José Mansilla y la subgerenta de Automóviles, Silvia Caprio.

Ambos declinaron formular denuncia por temor a represalias.

Tanto Mansilla como Caprio y también Mariño habían investigado presuntas irregularidades que habrían sido cometidas por jerarcas del banco en perjuicio de las arcas del Estado.

Años antes, a comienzos de la década de los 90, se había registrado otro hecho que también permanece sin ser esclarecido: el entonces funcionario de carrera Arturo Chiappone Scarcela fue objeto de un atentado a balazos contra su domicilio.

Chiappone había investigado irregularidades de dos peritos tasadores y un tasador. Los infieles funcionarios investigados fueron destituidos, pero casi de inmediato, fueron retomados por el Directorio de entonces, hecho que motivó la inmediata renuncia de Chiappone.