Sanguinetti en contra de ampliar al año 1968 período autoritario

El artículo 21 en cuestión, «reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973″.

Durante ese lapso de tiempo, se agrega, se aplicaron, de forma sistemática, las Medidas Prontas de Seguridad, inspiradas en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional». Así se pronunció el pasado martes en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que estudia la iniciativa sobre «acción ilegítima del Estado». «Estamos en contra de este artículo porque establece una calificación que comienza en 1968, cuando estaban funcionando las instituciones democráticas y los principios de separación de poderes. Las Medidas Prontas de Seguridad -buenas, regulares o malas- siempre fueron dispuestas por la Asamblea General, ‘dueña de las Medidas’, como se decía en la doctrina constitucional», indicó Sanguinetti. Y agregó: «Me parece que aquí, al atribuir un marco ideológico de doctrina de la seguridad nacional, hay una definición muy equivocada. No se puede confundir la dictadura de 1973 con episodios anteriores que fueron el resultado de una confrontación violenta. Aunque es evidente que hubo una situación de conflicto en el país, no es del caso discutir hoy lo que el propio Parlamento consideró como estado de guerra», dijo.

Por su parte, el senador socialista Reinaldo Gargano indicó que realizó «un trabajo de investigación minucioso acerca de cada uno de los actos que se dieron en el período más prolongado, pero concentrado, sobre todo, a partir de junio de 1968. Y lo cierto es que pude advertir que el Poder Legislativo, reiteradamente, actuando en pleno uso de sus facultades, levantó las Medidas Prontas de Seguridad, las que 6 horas después fueron reimplantadas por el Poder Ejecutivo». En el marco de esta realidad ­señaló Gargano- «se trabajó durante cuatro años, prácticamente en total subordinación al Poder Ejecutivo, desconociéndose la voluntad del Legislativo. Esto debe reconocerse como un acto irregular, porque el Poder Legislativo estaba facultado para levantar las Medidas y no se innovó con respecto a lo que sobre ellas contenía el proyecto». «Reconozco que en un momento, el 27 de junio de 1973, se quebró totalmente la institucionalidad y se acabaron las facultades del Poder Legislativo, porque entró un señor con botas de canilla alta junto a sus subordinados y lo tomó por asalto. Ahora bien, en la etapa anterior no se entró de esa manera, sino que se entró de hecho», manifestó Gargano. El legislador socialista señaló: «No lo digo solamente yo, sino también muchos integrantes del Partido Colorado y del Partido Nacional que permanentemente estuvieron en contra de esas conductas».