García: "Estamos dejando una situación absolutamente mejor a la recibida"

El Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2008.

García, acompañado de sus principales asesores compareció ayer en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda en Diputados.

La exposición de motivos fue acompañada de un Informe de la Situación Económico Financiera y de Gestión de Gobierno, correspondiente al período 2005-2009, que detalla las políticas llevadas adelante, las acciones emprendidas y los resultados obtenidos en el período.

El ministro García enfatizó que se brindó a los legisladores «un cúmulo de información que históricamente el Ejecutivo no brindaba y al que cualquier ciudadano común podrá tener acceso a través de la página del ministerio:

www.mef.gub.uy».

El documento tiene trescientas páginas e incluye todo el balance y ejecución presupuestal, «más que una rendición de cuentas económicas es una rendición sobre la gestión de los cinco años del gobierno». El secretario de Estado indicó que «este es un paso más en la política de transparencia de este gobierno».

«El mensaje que les dejamos a los legisladores es que estamos dejando una situación absolutamente mejor que la recibida por este gobierno al próximo en los aspectos sociales, económicos y financieros».

 

Vulnerabilidades

El gobierno recuerda que la situación en la que se encontraba el país al comenzar la actual administración estaba caracterizada por un conjunto de vulnerabilidades muy significativas, que condicionaban y limitaban los márgenes de acción.

En materia productiva, los niveles de inversión eran muy reducidos y el acceso al crédito era dificultoso. La actividad económica se había contraído entre 1998 y 2003, lo que determinó que el PIB de la economía uruguaya en 2004 fuese 10% menor al de 1998, con la consiguiente destrucción de capital físico y humano.

En el plano social, las vulnerabilidades se manifestaban en un 32% de la población que se encontraba en situación de pobreza en 2004. En tanto los indigentes llegaban al 4% en ese año. La tasa de desempleo era de 13% en 2004 y 40% de los ocupados tenían problemas de empleo, en el marco de una fuerte caída de salarios en el período previo, que alcanzó a 23% entre 1999 y 2004.

La educación y la salud enfrentaban un conjunto de necesidades postergadas, especialmente luego de la crisis de 2002.

Existía también una muy fuerte restricción fiscal y financiera, que limitaba en forma importante los márgenes de acción del gobierno al comenzar su gestión.

La restricción y vulnerabilidad fiscal fue el resultado de las políticas fiscales inconsistentes llevadas adelante por los gobiernos anteriores que, junto a otros factores, condujeron al país a la profunda crisis económica y social de 2002. El déficit fiscal que se registró en el período 2000-2004, fue en promedio de 3,2% del PIB.

Más importante aún era la restricción financiera derivada del considerable nivel de endeudamiento del Uruguay ­uno de los más altos en la comparación internacional, con una deuda pública bruta que representaba en 2004 el 97% del PIB­ y de la gran concentración de vencimientos a corto plazo. En efecto, los vencimientos de la deuda del Gobierno Central del período 2005-2007 alcanzaban a más de U$S 4.500 millones (22% de PIB), de los cuales U$S 1.100 millones vencían en 2005 (6,4% del PIB). La restricción era aún mayor teniendo en cuenta la muy reducida liquidez que se tenía para hacer frente a dichas obligaciones, ya que las disponibilidades con las que contaba el Gobierno en marzo de 2005 eran de U$S 265 millones, tan sólo el 30% de los vencimientos de dicho año.

La deuda neta, por su parte, se ubicaba en 2004 en 67% del PIB.

Ahora el desempleo se ubica en el 7%, el salario y las jubilaciones han recuperado el poder adquisitivo perdido en el período anterior y han logrado crecimiento real; la pobreza se redujo y la indigencia más aún; las inversiones están en su máximo histórico, el PBI ha crecido y las inversiones están en su máximo histórico. Se ha duplicado la inversión en la enseñanza y triplicado en salud. También ha aumentado la inversión en seguridad e infraestructura.

García al salir de la comisión informó que «el horizonte de vencimientos de la deuda se encuentra despejado para los próximos años» y el déficit fiscal que se tiene previsto desde el Ministerio es de un 2% para el año 2009. Sobre las críticas que la oposición realiza al gobierno en gasto público y endeudamiento el ministro opinó que los comentarios de la oposición son realizados en un año electoral y que a eso se deben sus críticas. Para García «los números objetivos y la transparencia que está planteada en los documentos indican que, por ejemplo, que el país pasó de tener deuda pública neta que era de un 67% del PBI a un 26% actual».

 

La estrategia del gobierno

La estrategia del gobierno estuvo guiada por la necesidad de compatibilizar la responsabilidad fiscal con la imprescindible transformación productiva y social que requería nuestro país.

Uno de los prerrequisitos fue implementar una política fiscal responsable, y desarrollar una administración profesional de la deuda, así como consolidar la recuperación del sistema bancario. El gobierno debió crear condiciones macroeconómicas sustentables para poder cumplir con los objetivos productivos y sociales.

Igualmente era ineludible destinar mayores recursos para implementar políticas sociales postergadas en los años previos, fortaleciendo las redes de protección social y promoviendo la mejora del empleo y los salarios. Para ello resultaba fundamental la reorientación del gasto público.

También resultaba indispensable aumentar sustancialmente las inversiones en infraestructura, educación e innovación, así como reducir la carga tributaria y generar estímulos impositivos a la inversión, piedra angular del crecimiento sostenido.

La estrategia fiscal del gobierno estuvo pautada por la gradualidad, en el marco de un firme compromiso con el cumplimiento del programa de gobierno. En los dos primeros años se implementó el Plan de Emergencia (Panes). Junto a ello, en los últimos tres años, el gobierno aumentó en forma moderada los gastos e inversiones, priorizando las áreas desatendidas en el pasado, sin comprometer la estabilidad de la economía.

En cada Rendición de Cuentas se fueron aprobando incrementos presupuestales en las áreas prioritarias, a medida que se iban generando aumentos en la recaudación y ahorros en la partida de intereses. Se impulsó un conjunto de reformas estructurales, tanto a nivel social como microeconómico e institucional. Entre ellas, la reforma de la salud, la modificación del régimen de asignaciones familiares, la implementación de la tarjeta alimentaria, la extensión de los programas de atención a la primera infancia, la reforma del seguro de desempleo y la reforma previsional.

Otra de las reformas centrales fue la Reforma Tributaria, con una mayor equidad en la estructura impositiva, una mayor eficiencia del esquema impositivo y contribuir al Uruguay productivo, alentando y estimulando las inversiones.

En síntesis, la estrategia impulsada por el gobierno durante la presente administración se basó en reforzar y compatibilizar simultáneamente la prudencia fiscal, la responsabilidad social y la visión de largo plazo, estimulando la inversión y recomponiendo el gasto público, priorizando gastos e inversiones estratégicas para el fomento del país productivo e integrado.