"Los uruguayos viven bajo la impunidad del abuso"

–Usted se ha referido a los temas del consumidor. ¿Qué papel ha jugado la Ley del Consumidor?

–En la Corriente Popular, en el equipo que trabaja en el ámbito legislativo, hemos recibio permanentes quejas de ciudadanos de cualquier pelo. Sólo algunos casos.

Una persona hizo un seguro para asistencia médica para un viaje en 1998; viajó con su familia. Al año siguiente, en diciembre, paga la tarjeta de crédito y no se fija bien lo que pagó. Dos años después del viaje, como había dejado de pagar una cuentas por el sistema del débito automático de esa tarjeta, se fija en esa cuenta de diciembre y se encuentra con una cifra muy alta en el rubro de asistencia médica. Llama a la empresa en cuestión y le dicen que esa cuota es la del seguro de viaje. El consumidor le responde que no ha viajado y que su último viaje fue hace tres años. La representante de la empresa le explica que cuando firmó su seguro de asistencia había una cláusula en el contrato que establecía que si el usuario no informaba de que no quería asegurarse nuevamente, quedaba automáticamente asegurado.

–Sobre eso, ¿la Ley del Consumidor qué dice?

–En esa ley encontramos que dentro de las cláusulas abusivas e ilegales de los contratos de servicios, está la cláusula que implica el silencio como forma de aceptación de la adquisición de un servicio. O sea que esto está prohibido, pero sucede que el consumidor afectado por esa práctica abusiva de la empresa en cuestión, puede resarcirse en su derecho, lo que tiene que hacer es reclamar ante el juez, quien podrá dictaminar la nulidad del contrato y ahí se puede generar la instancia de reparación para la persona afectada.

La persona afectada tiene que tener tiempo, voluntad de hacer la denuncia, más dinero que el que le estafaron, para poder intentar reparar el daño sufrido. Es un mecanismo que no sirve. No se puede someter al perjudicado consumidor por una práctica abusiva a una denuncia activa en un trámite judicial. Tiene que haber un procedimiento de naturaleza administrativa que lo proteja de una forma sumaria y breve, dando la garantía de los descargos, así como mecanismos expeditos y sumarios de sanciones al empresario que incurre en esa práctica ilegal y abusiva.

Esto pasa sistemáticamente. Hay un abuso sistemático de los consumidores, que está significando una estafa masiva de muchísimo dinero. Y estoy convencido de que la cantidad de personas que van a juicio por casos de este tipo es mínima.

Otro ejemplo. Usted compra un televisor y si le anda mal tiene que andar recurriendo al fabricante. Quien seguramente te clava un mes, entre idas y venidas. El tema es que yo no le compré al fabricante, yo le compré a un comerciante que me cobró el valor de fábrica del televisor y su ganancia. Lo que hay que establecer es que sea el comerciante el que me dé otro televisor que esté funcionando bien, porque yo le pagué con plata buena y por eso no tiene que reclamar ante el Banco Central que emite plata en billetes y monedas buenas.

Sobre este tema de las garantías, pretendemos cambiarlo todo. La idea es establecer un capítulo donde la garantía sea el comerciante y punto. Y que este capítulo de la garantía no sea en defensa del comerciante, como ocurre hoy.

–La idea es cambiar la ley.

— Sí, sí. La idea es cambiar la ley en el caso de las garantías y en el caso de la práctica abusiva se debe establecer que es condición de nulidad de validez del contrato. A la vez tenemos la intención de avanzar mucho más y aspiramos a una ley más enérgica en defensa del consumidor. Y esto es así porque entendemos que es un derecho humano fundamental la condición de consumidor. Una de las ideas es que haya una suerte de servicio público, podría ser la propia Dirección de Defensa del Consumidor, informativo de las empresas o comercios que han tenido en el año prácticas abusivas desconocedoras de los derechos consagrados en la ley. Una especie de «Clearing de Informes de Comerciantes y Empresarios Abusivos», para establecer un equilibrio tristemente perdido. Acá un uruguayo se atrasa un poquito en alguna cuota, lo pasan al Clearing de Informes, lo condenan a la muerte cívica por chirolas, y empresas uruguayas o multinacionales abusan sistemáticamente de decenas de miles de uruguayos y no les pasa nada. Estamos ante la impunidad del abuso, que tiene un componente moral y la gente tiene que conocer sus propios derechos. En nuestro país no hay cultura del derecho del consumidor.