Diputado Carlos Pita: "Cambiar a todos los directores de las empresas públicas"

–Pasó el plebiscito y el debate sobre la reforma del Estado sigue vigente. Parece que se abren instancias de diálogo con el gobierno. ¿Cómo se va a parar el Frente Amplio?

–Las instancias de diálogo con el gobierno tienen que ser reales. El lunes (mañana) estamos escuchando en una sesión de la Mesa Política, de la Coordinadora del Encuentro, la Agrupación Parlamentaria Nacional y la Comisión de Programa, a todos los miembros del Directorio de Ancap, para que expongan cuál es la visión de ellos sobre el futuro de la empresa.

Creemos que con el presidente Batlle se ha llegado a un nivel de civilización en el relacionamiento político de los dirigentes interpartidarios que fortalece a la democracia, que facilita los acuerdos posibles y que permite regular los desacuerdos. Esto no inhibe para nada la confrontación política oposición-oficialismo, como por ejemplo impulsar la derogación de una ley en un referéndum, como el que hicimos o como, muy probablemente, el que haremos sobre las telecomunicaciones.

Estas relaciones de nuevo tipo democrático en Uruguay, deben ser la tonalidad hacia el futuro. Una cosa completamente diferente a lo que pasó, por lo menos, en los dos gobiernos anteriores.

–¿Cuál es el escenario imaginable? ¿Un escenario donde necesariamente la oposición tiene que recurrir a los plebiscitos o hay interés en transitar un camino en el que se pueda influir para darle determinado rumbo a la reforma del Estado?

—El interés primario nuestro es marcar nuestra impronta programática, nuestra sensibilidad política de izquierda, en la marcha del país, en particular en el tema de la reforma del Estado.

Entendemos que una evaluación fina y sensible del resultado plebiscitario que hizo el doctor Jorge Batlle y los principales dirigentes de la Lista 15 podría terminar siendo una pose inteligente para evitar repetir errores como los que cometieron en 1992, si no se acompaña de un aterrizaje de ese diálogo, que contenga las opiniones reales de la izquierda.

Tenemos una opinión absolutamente clara de que las telecomunicaciones son un sector estratégico, que el Uruguay debe mantener aspectos fundamentales de las decisiones en sus manos y que al mismo tiempo debe buscar mecanismos de asociación estratégica en el área, para poder estar al máximo nivel posible en los avances científico-técnicos en la materia, sin perder esa capacidad de control en las decisiones estratégicas.

Nosotros promovemos y apoyamos asociaciones estratégicas para lo cual el país debe reservarse la capacidad de tomas de decisiones clave, a través del control de esas decisiones. Y ese control sigue siendo mantener a la empresa estatal Antel, con Ancel dentro de la empresa estatal.

Si el gobierno no atiende esa posición básica y procede a ejecutar una ley claramente anticonstitucional que no podía ser presupuestal como la que establece la venta de Ancel, nosotros iremos a apoyar un referéndum para derogarla porque entendemos que estará en juego el interés nacional.

En el Frente Amplio ni siquiera pretendemos el monopolio en el caso de las telecomunicaciones, pero lo que sucede es que en Uruguay en materia de telefonía celular no hay monopolio. Lo que estamos diciendo es que mantegamos a la telefonía y sus derivados en manos del Estado y hagamos, en la libre competencia, las asociaciones estratégicas que necesitemos. Pero no vendamos a Ancel.

–¿Cómo se concreta una asociación de la empresa estatal uruguaya con otra estatal o con capitales extranjeros?

—En materia de combustibles, ¿por qué Uruguay no puede hacer una asociación estratégica con una empresa multinacional que en principio no debería ser regional, para competir en la región, tomando como base nuestro asentamiento en nuestro propio mercado? Podemos hacerlo, por ejemplo con la empresa venezolana, que es una de las candidatas. Con ella podríamos complementarnos, porque por un lado estaría la extracción del crudo y por el otro lado la capacidad enorme que tiene Ancap de competir en la región si tiene los elementos necesarios para hacerlo.

Busquemos cuáles son las opciones pero no empecemos por decir «la reforma del Estado implica que nosotros desmonopolicemos». ¿Desmonopolizar qué cosa? En el caso de la telefonía celular no está el monopolio. No hay.

–Pero las asociaciones son entre dos, por lo menos. Usted me dice que se quiere quedar con Ancel en el área del Estado y que a la vez está dispuesto a asociarse. Pero viene el otro, el posible asociado, y dice que no, que quiere una parte…

—Es obvio que en la asociación uno pone determinados tipos de capitales que integran a la asociación y parte de determinado tipo de distribución de los beneficios que se obtengan por la actividad realizada. Por eso va a haber un reparto de las ganancias. En las telecomunicaciones, todo aquello que Ancel y Antel no estén en condiciones de realizar o desarrollar, debe resolverse mediante la asociación, compartiendo la actividad.

–¿Qué problema se plantea con lo resuelto en el Presupuesto donde Ancel va a ser una sociedad anónima, con el 60% de capital estatal? Así el Estado mantiene el control que usted reclama.

–Decimos que no tenemos por qué compartir esas ganancias que nos genera un sector donde la empresa estatal es fundamental. Lo que queremos es compartir el emprendimiento, pero no queremos la chancha y los cuatro reales para el inversor. Yo tengo el negocio armado, el mercado conseguido, la capacidad de gestión lograda, el esfuerzo tecnológico aceitado, funcionando todo bien, y entonces por qué voy a compartir eso. Queremos desarrollar otros servicios, queremos desarrollar otra actividad en el área, pero como solos no podemos busquemos a alguien que esté interesado en compartir las ganancias, la inversión y también el riesgo. Yo siento que muchas veces se nos plantea que seamos los hijos de la pavota. Nadie me va a poder convencer de aspectos dogmáticos sobre el mercado. Si hay algo de lo que estoy convencido es que lo que hay que reformar y regular es el mercado. Por eso que no me vengan a hablar de la reforma del Estado poniendo nuevamente la vieja cantinela del endiosamiento del mercado. Y esto lo hace Jorge Batlle. Este viejo político del Uruguay, que muestra una cara muy sensible para algunos temas que le hacen bien al país, como el de los derechos humanos y del contrabando, en el área de la gestión económica repite los más viejos y caducos esquemas liberales que repitió toda su vida.

El mensaje presidencial es un reflejo de lo anterior, es un reflejo de ese pensamiento liberal, pero a la vez neoliberal por actualización discursiva.

—Cuando se creó el Mercosur se dijo en la izquierda que el país perdía un poco de soberanía, pero igual se le brindó un apoyo crítico porque se entendía que era una iniciativa positiva y que respondía a tendencias mundiales. ¿Por qué no perder un poquito de dominio estratégico de las empresas públicas para que realmente los capitales extranjeros vengan?

—Si la condición para una asociación implica que tengamos que pensar en ceder parcialmente el control real de ciertas partes de la economía, hay que estudiarlo. Pero será estudiado como producto de una oferta concreta que tenga un altísimo interés nacional que beneficie altamente a la comunidad y que motive a que uno se ponga a estudiar el tema. Pero no planteando el asunto en términos genéricos y a priori, en términos ideológicos. En este sentido el planteo del gobierno es dogmático, es profudamente ideológico.

–¿Su enfoque niega la necesidad de reformar el Estado?

–De ninguna manera, siempre dentro del encare que hemo
s desarrollado. Pero en materia de reforma del Estado quiero lanzarle un desafío al doctor Jorge Batlle en su versión siglo XXI. Nosotros venimos planteando desde hace años la modernización del Estado a través de la presencia del usuario del servicio en la gestión de ese emprendimiento, en los directorios de las empresas públicas. Actuando como una suerte de ente testigo, defensor del consumidor del servicio público. Esto está contenido en una iniciativa que se presentó por primera vez en 1992, en una ley de reforma del Estado, en forma simultánea con el plebiscito de ese año. Y esto lo hemos vuelto a presentar en cada legislatura. Esta es una buena idea, no menor, que tiene que ver con el tema de la defensa de los derechos del consumidor, en este caso del usuario de un servicio público y del ciudadano frente al Estado.

En el concepto de la reforma del Estado hay un tema que se sigue manejando y que parece una especie de consigna agitada con fines demagógicos. ¿Cómo se puede seguir diciendo que es necesario que las empresas de los servicios públicos estén dirigidas por personas con idoneidad en la materia? ¿Cómo lo puede decir el Presidente Batlle, cómo puede hablar de eso? Hay que tener autoridad para hablar de las cosas y no puede decir eso, después de haber integrado los directorios de los servicios y de las empresas públicas con el viejo y censurable sistema de la repartija política.

Hoy el Uruguay debería y podría tener al frente de esos servicios a las personas mas capacitadas y si no las tiene es porque el señor Presidente de la República, su partido y el Partido Nacional no lo han querido. Son directos, únicos y exclusivos responsables de eso. Así de claro y de sencillo.

Si en el mensaje presidencial se dice que hay que hacer una reforma del Estado para que haya al frente de las empresas públicas personas con capacidad de gestión en la materia, ¿por qué no las puso señor? Así que vamos a sacarnos la careta con estos temas.

Podemos lanzarle al señor Presidente la idea de buscar un acuerdo nacional, con apoyo de la izquierda, en donde los dirigentes de las empresas públicas sean de respaldo nacional.

Vamos en este año y cambiemos a todos los directores que no tegan idoneidad en la materia. Pongamos gente que sea del partido que sea, pero gente de trayectoria, que domine el tema y que sea experta de gestión en cada una de las áreas. Busquemos a esa gente y nosotros lo apoyamos, pero cambiemos a los que están y que fueron designados todos por cuota política.