Reclaman decisión por Mazzullo

El abogado José Luis González, representante de la Intendencia Municipal de Flores (IMF) en la denuncia penal contra el ex intendente Carlos Mazzullo, cuestionó algunos planteos esgrimidos a nivel parlamentario durante el debate sobre el pedido de desafuero librado por la Justicia, contra el hoy diputado.

El reconocido penalista salió al cruce de planteos emitidos por diputados del oficialismo y la oposición en los que se cuestionó «el momento del proceso» en el cual el juez de Flores de 2º Turno, Gerardo Núñez, solicitó el desafuero, y se desacreditó «la entidad del delito» por el cual se indaga al ex intendente poronguero.

En este sentido, González explicó que el debate legislativo se centra en «una discusión técnico-procesal respecto del momento en que debería solicitarse el desafuero, es decir, si debía ser antes o después que se le tomara declaración a Mazzullo como indagado; y en una valoración de la entidad del delito, es decir, si lo que hizo el legislador es de tal gravedad que merece quedar a disposición del Tribunal competente».

En relación al primer aspecto, el abogado consideró que Mazzullo nunca fue citado por el Juzgado «porque se interpretó la Constitución en el sentido de que antes debía pronunciarse la Cámara respecto del pedido de desafuero». Por tanto, «el debate debe hacerse con independencia si el legislador declaró o no ante el Tribunal», señaló González a LA REPUBLICA.

«Si la Cámara ingresa a debatir sobre la oportunidad de la solicitud del juez, estaría interfiriendo en la esfera de competencia de otro Poder (el Judicial): le estaría diciendo al juez ‘primero tenés que hacer esto, y después lo otro..’. Y ello no es así, al órgano al que pertenece el legislador no le corresponde determinar cuándo un juez pide o deja de pedir un desafuero».

«Lo que le corresponde es, lisa y llanamente, analizar el pedido que se formula de desafuero, y resolver si hay lugar o no a la formación de causa», en base a «los antecedentes que envía el Juzgado, que en el caso son muchos y muy importantes», afirmó González.

Además, «resulta improcedente sostener que primero deba citárselo a declarar (y luego pedir el desafuero), porque es suficiente que el legislador se niegue a concurrir, para limitar al juez en el ejercicio de su función, ya que los legisladores tienen inmunidad de arresto», explicó González.

Por tanto, «si hay una denuncia penal basada en una auditoría del Tribunal de Cuentas (TCR), cuya imparcialidad nadie puede dudar, donde queda de manifiesto un ‘manejo irregular de fondos'; si de la instrucción surgió el procesamiento del hijo del ex intendente (Allesandro Mazzullo), donde hay una serie de hechos que lo vinculan directa o indirectamente por ser el máximo del servicio, resulta obvio y razonable que el legislador quede a disposición del Tribunal para que sea indagado sobre la gestión realizada durante su mandato», estimó el abogado.

Asímismo, el segundo aspecto en debate, «la gravedad o no del delito, cae por su propio peso, por dos motivos: por la responsabilidad primaria de su hijo al ser procesado por un delito de fraude; y por tener estrecha vinculación institucional y familiar con la realización o conocimiento de varias de las conductas denunciadas», señaló González.

El pedido de desafuero del diputado Mazzullo se sustentó en una denuncia penal interpuesta por el actual intendente de Flores, Armando Castaingdebat, basado en una auditoría del TCR donde se reveló la utilización de fondos de la comuna para uso particular (compra de ropa, libros y repuestos para autos), el pago de viáticos por viajes al exterior del diputado y su hijo por montos que exceden lo dispuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la contratación de publicidad oficial en las radios Concierto FM y Radio 5 FM, propiedad de Allesandro y Jorge Mazzullo, entre otras.