Se aprobó régimen de multas por uso de armas y explosivos
En la última sesión ordinaria del mes, los representantes sancionaron el nuevo régimen de penas y multas para los que violen las disposiciones en el manejo de armas, municiones y pirotecnia en general.
Las infracciones a la norma se fijan en Unidades Reajustables y van desde 1 hasta 50 UR, dependiendo de la gravedad y peligrosidad expuesta en el manejo, digamos inescrupuloso, del material explosivo en cuestión. El proyecto que pasó al Senado para su estudio no tuvo el debido informe en la sesión «a pesar de que estaba realizado», dijo casi como lamentándose el diputado Alfredo Asti, de Asamblea Uruguay. Quien debía informar sobre este proyecto era el parlamentario Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista), pero no estuvo en sala ayer, ausencia que ayudó a colaborar al desorden general que hubo durante toda la tarde. El sujeto omitido de Brenta motivó que desde la mesa de la presidencia se leyeran uno a uno los artículos de la ley, algo a lo que apuesto nadie prestó atención. Es que, además y al mismo tiempo que se atendía ese proyecto, los diputados estaban procediendo a votar tres (¡sí, tres!) pensiones graciables a tres ciudadanos uruguayos.
Antes de que alguien se pregunte, los beneficios económicos para estos tres conciudadanos resultaron favorables por amplia mayoría. Como pocos deben saberlo, las pensiones graciables son recursos monetarios que el Estado concede a través de Rentas Generales y previo consentimiento del Ministerio de Educación y Cultura a personas que algo positivo han hecho para el regocijo de la sociedad y que hoy, por los avatares de la vida, se encuentran en una situación económica precaria, la que se debe justificar por otra parte. Y en el Parlamento, las posiciones de los representantes sobre las pensiones se introducen en un sobre cerrado que a su vez va a una urna y que al final uno queda sin conocer el nombre del legislador que se manifestó ya sea a favor o en contra del beneficio estatal.
Mientras, el presidente de la Cámara, el socialista Roque Arregui, con un tono y una cadencia en el decir que cada vez se parece más al timbre de la voz de los parlantes del Estadio Centenario, repetía y cumplía con los requisitos informativos del contenido de la ley que el cuerpo estaba votando, aunque pocos estuvieran prestando atención.
Sesiones como la de ayer, con tan pocos legisladores en sala, y ellos tan erráticos, se están transformando en algo cotidiano. Hay un timbre, agudo, penetrante, que advierte a los legisladores que se encuentran fuera y en las inmediaciones de la sala de sesiones a que ingresen lo antes posible para conceder el número de diputados mínimo para sesionar. Ayer, prácticamente no dejó de sonar por las casi dos horas que duró la jornada de trabajo. ¿Habrá que ir a buscarlos?, se preguntó por lo bajo un legislador que suele permanecer impertérrito en la sala, por lo que a él no hay nada que reprocharle.
Los proyectos sancionados fueron tan pocos (se aprobó también la autorización para que la Cámara de Diputados auspicie y sin costo un curso de capacitación sobre violencia familiar) que hubo que crear un cuarto intermedio de más de media hora de duración para que los legisladores terminaran de expedirse sobre las pensiones graciables que, al fin y al cabo, fueron los incisos que insumieron la mayor cantidad del tiempo destinado a la sesión de la víspera.
Hay que recordar que al actual Parlamento le quedan nada más que 60 días de trabajo. En este año electoral, la labor se cerrará el 15 de setiembre y se retomará un nuevo período legislativo, ya con nuevos integrantes, ya con nueva conformación y ya con nuevo gobierno, el 15 de febrero próximo. Bueno, ¡alguien tiene que avisarles!
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