Nueva marcha de ex presos políticos

El Colectivo de ex presos políticos víctimas del terrorismo de Estado, Crysol, marchó ayer por 18 de Julio a los efectos de que se atiendan sus cuestionamientos a una ley, a punto de votarse en el Parlamento, «que está muy lejos de lo que plantean las Naciones Unidas sobre el trato a otorgar por el Estado a las víctimas».

La marcha, convocada para las 18 y 30 horas en la Explanada Municipal, llegó hasta la nueva Casa de Gobierno en Plaza Independencia y convocó a ciudadanos que sostienen que el Proyecto de Ley de Reparación de víctimas del Terrorismo de Estado enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento el pasado 4 de mayo «es parcial, incompleto e insuficiente».

La afirmación precedente es explicada por Brenda Falero, referente de Crysol, quien sostuvo que no se trata de «un proyecto de reparación Integral, como lo exige la resolución de Naciones Unidas, al no cumplir con los cinco principios básicos que deben atribuirse a cada uno de los distintos universos de víctimas».

Destacó también que el país no respeta lo votado en la Asamblea General de la ONU, que explícitamente exige el reconocimiento público de todo lo que significó el Terrorismo de Estado pidiendo disculpas oficiales, ni asegura el acceso a la Verdad y la Justicia, en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, ni en la apertura pública de los archivos de la dictadura.

Tampoco fija un Día de la Memoria en homenaje a todas las víctimas, ni adjudica el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) ni el ex Penal de Punta de Rieles como Centros Culturales de Memoria Histórica.

Los cuestionamientos al actual proyecto de ley del Ejecutivo son variados, ya que no se explicita debidamente la responsabilidad y potestades de la Comisión Especial que se crea a los efectos de planificar, organizar y ejecutar las reparaciones simbólicas que la ley establece, así como tampoco se adoptan medidas específicas destinadas a garantizar la no repetición de las violaciones a los DDHH y para la remoción de los obstáculos jurídicos para la verdad y la justicia.

Existe sorpresa por la actitud de algún legislador del FA que ha manifestado que el país no tiene por qué acatar lo que votó en la ONU. Finalmente, el actual proyecto de ley puesto a votación obliga a quienes se amparan a la ley a renunciar a toda acción de reclamo y confunde la indemnización a los ex presos políticos que plantea la ONU con el beneficio de la Pensión Especial Reparatoria (PER) que otorga el Artículo 11 de la Ley 18.033.