Sobreviviente de fusilados de Soca testificó ante la Justicia de Argentina

El único sobreviviente de los fusilamientos de Soca en 1974, Julio Abreu, de nacionalidad uruguaya, testificó la semana pasada ante la Justicia argentina en el marco de la causa contra la Triple A, que instruye el juez federal Norberto Oyarbide, ante quien narró la historia de su detención y traslado ilegal a Uruguay junto a cinco compatriotas.

Abreu fue secuestrado en Buenos Aires el 8 de noviembre de 1974 junto a los uruguayos Floreal García, Mirtha Hernández y su hijo Amaral García, Héctor Brum y María de los Angeles Corbo, embarazada, y Graciela Stefanell, quienes estuvieron en tres bases clandestinas de represión en Buenos Aires. Mientras el niño Amaral García permaneció en Argentina, apropiado por una pareja de policías, los seis adultos llevados por la fuerza a Uruguay estuvieron en la base «300 R» de la Casona de Punta Gorda, hasta el 21 de diciembre de aquel año cuando cinco de ellos fueron fusilados. Las ejecuciones sumarias realizadas por efectivos del Ejército uruguayo fueron realizadas como supuesta represalia por la muerte en París del coronel Ramón Trabal, cuyo asesinato también continúa impune. Amaral García fue hallado diez años después y recuperó su identidad. Julio Abreu, quien no tenía militancia política alguna, fue el único sobreviviente de aquellos fusilamientos, pero bajo amenaza de muerte permaneció en silencio durante 30 años, hasta que otorgó una entrevista a LA REPUBLICA, en la que reveló los entretelones del «vuelo cero» en el que fue trasladado.

 

Coordinación represiva

Abreu, quien volvió por primera vez a Buenos Aires la semana pasada, declaró ante el Juzgado Federal 5ª, Secretaría 10ª, que dirige Oyarbide, en la causa Nº 2057/04, caratulada «NN sobre Delito de Acción Pública», que implica a las operaciones de la Triple A antes del golpe de Estado de 1976 en Argentina.

La causa 2057/04 fue inicialmente indagada por el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien se declaró incompetente por tratarse de episodios anteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

El caso derivó al juez Daniel Rafecas, quien no lo incluyó en sus actuaciones sobre los pozos represivos de la dictadura. La instrucción se sumó entonces al trabajo que Oyarbide realizaba sobre los atentados, chantajes y homicidios de la Triple A desde el regreso de Juan Domingo Perón en 1973 y la coordinación que ya existía entonces con las dictaduras de Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

El proceso judicial está a resolución de competencia, porque si bien se instruyen los crímenes de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) durante un régimen institucional democrático, algunos casos que evidencian la existencia de esa coordinación represiva lo implican a la causa del Plan Cóndor. El caso en el que ya testimonió Antonio Viana Acosta, también secuestrado y trasladado, incluye las desapariciones de Carlos Fages, Salomón Gertel, Washington Barrios, Natalio Dergan, Raúl Parachnick, Eduardo del Fabro, Félix Míguez, Winston Mazzuchi, Nebio Melo Cuestas y María de Domínguez.