Juez argentino remitió exhorto por presunto lavado de dinero

Literas solicitó además a Estados Unidos que levante el secreto bancario sobre una cuenta cuyos datos podrían revelar el circuito de dinero entre el República, el Federal Bank de las Bahamas y el Citibank de Nueva York. Este triángulo se habría usado para lavar unos cinco mil millones de dólares entre 1997 y 1998.

Según informó ayer el diario porteño Clarín, el juez argentino realizó dos exhortos internacionales –uno a Gran Bretaña y otro a Uruguay–, para confirmar si existió una relación entre el República, el Federal Bank y cuatro empresas «fantasmas» que movieron el dinero.

El República se desfinanció cuando las empresas retiraron simultáneamente 38 millones de dólares para transferirlos al Federal Bank. La publicación informa que las empresas que retiraron el dinero son Ludgate Investments, Southward Asset Management, Lolland Stocks y Scott & Chandler.

Clarín indica que un informe del Banco Central argentino sostiene que esas cuatro firmas poseen el mismo domicilio en las Bahamas y el Uruguay, y además fueron constituidas el 18 de marzo de 1997 y sus cajas de ahorro en el República fueron abiertas entre agosto y setiembre de ese mismo año.

Ante esta situación, Literas realizó los dos exhortos. En el dirigido a Gran Bretaña se solicita saber quién es el titular del Federal Bank.

En el exhorto a Uruguay se pide información acerca de los titulares de las cuatro empresas que están en el centro del circuito presuntamente utilizado para lavar dinero de coimas.

El juez Literas está esperando además los resultados de peritajes ordenados sobre dos puntos: los informes del Banco Central acerca de la relación del República con el Federal y una serie de escrituras secuestradas por la Justicia en los últimos días, las que tienen que ver con la venta supuestamente irregular del edificio República.

Según el matutino, una vez que el juez tenga esta información, citaría a declarar a Raúl Moneta, presidente del República, más de veinte directivos de este banco, funcionarios del Banco Central, entre ellos su presidente, Pedro Pou.

Hasta el momento a los imputados se los investiga por supuesto delito de defraudación, pero no se descarta que en el futuro se agregue la acusación de asociación ilícita, que es un delito no excarcelable.