Comisión de DDHH presentará el caso Gelman ante Corte de OEA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) derivará a la Corte Interamericana de la OEA la denuncia realizada por Juan y Macarena Gelman contra el Estado uruguayo por la vigencia de la Ley de Caducidad, que le impide aún a la Justicia saber lo ocurrido con María Claudia García de Gelman, desaparecida en 1976.

Un pronunciamiento de la Corte Interamericana sería casi un mandato para Uruguay, con el riesgo de ser sancionado por la OEA y la comunidad internacional en la medida en que nuestro país se encuentra en falta ante el organismo de derechos humanos, que ya había advertido que la Ley de Caducidad era contraria al derecho internacional.

Este lunes venció el último plazo otorgado por la CIDH a Uruguay para que habilitara el derecho a la verdad de la familia Gelman y cumpliera las recomendaciones del organismo de derechos humanos de la OEA, que ya se había pronunciado en contra de la Ley Nº 15.848 en 1992, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle.

En agosto de 2008 la Comisión votó a favor del reclamo de los Gelman y otorgó un plazo de dos meses al Estado uruguayo para que «removiera» los obstáculos legales que impedían el esclarecimiento del caso, pero el gobierno de Tabaré Vázquez presentó un pedido de ampliación del plazo por seis meses que se cumplieron esta semana.

Antes de la fecha de vencimiento, el Poder Ejecutivo uruguayo envió un alegato en su defensa, cuyo texto no es público, en el que habría reseñado todos los avances que en materia de derechos humanos se han logrado durante la actual administración del Frente Amplio y comunica que un recurso para anular la ley será plebiscitado en octubre próximo.

 

Denuncia en 2006

El poeta argentino Juan Gelman y su nieta Macarena, nacida en cautiverio y entregada a la familia de un policía uruguayo hasta 2002, cuando recuperó su identidad, presentaron su denuncia ante la CIDH el 8 de mayo de 2006, patrocinados por el abogado José Luis González y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La CIDH analizó el caso y un año más tarde aprobó un informe de admisibilidad de la denuncia a la vez que inquirió al Estado uruguayo sobre el mantenimiento de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que ya había sido considerada violatoria de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 1992.

Al asumir como presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez anunció que el caso Gelman no estaba amparado por la Ley de Caducidad; sin embargo en dos ocasiones durante su mandato el representante del Ministerio Público, fiscal Enrique Moller, ordenó archivar una investigación judicial bajo el amparo de la Ley Nº 15.848.

A inicios de 2008, Macarena Gelman se presentó por primera vez como denunciante ante la Justicia uruguaya y su pedido de reapertura de la causa fue instruido por el juez Pedro Salazar luego de que el fiscal Eduardo Fernández Dovat admitiera reiniciar la indagatoria y procediera al llamado de testigos.

María Claudia García fue secuestrada, embarazada, junto a su esposo Marcelo Gelman el 28 de agosto de 1976. Ambos fueron recluidos en el «pozo» Automotores Orletti de Buenos Aires, en el que operaban represores uruguayos. Marcelo fue asesinado. María Claudia fue traída a Uruguay y desaparecida luego de dar a luz a Macarena.