Mayoría de los plantadores levantó el conflicto y aceptó acuerdo con ALUR

Anoche, en un comunicado, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT saludó la «victoria popular» en Bella Unión, luego de intensas gestiones y una «formidable movilización de la clase obrera encabezada por nuestro Plenario Intersindical, los sindicatos del SOCA y UTAA, con la participación directa de nuestro PIT-CNT».

El acuerdo permitió destrabar el inicio de la zafra azucarera y supone que los productores aceptaron la propuesta de ALUR de pagarles un precio de 11,80 y 12 pesos por kilo producido, al tiempo de dar la opción de postergar el pago de la cuota de este año de la financiación de una deuda que arrastran desde hace 3 años. Además, lograron la participación de un representante de los productores en una Comisión que comenzará a estudiar todo el proyecto sucro alcoholero, junto a los trabajadores, cortadores y la propia empresa. Los productores lograron que se contemple su aspiración de tener un representante en el control de balanza. ALUR accedió a entregarles un adelanto antes del comienzo de zafra para quienes tienen problemas con la indumentaria y las herramientas para iniciar la zafra. La asamblea duró cerca de 2 horas, ya que existían distintas opiniones en torno a la solución que no los satisfacía totalmente y que fue votada «bajo protesta» por quienes dieron su sufragio afirmativo. Anoche se liberó el cruce de vehículos y este mediodía se levanta totalmente el piquete, aunque decidieron pedir que primero lo hicieran los trabajadores del ingenio y los de UTAA. El piquete de los productores quedó en medio de ambos.

 

Un día tenso

Ayer se vivió un día tenso en toda la ciudad de Bella Unión, lo que se reflejó en la asamblea. Poco después del mediodía se hizo un acto en la Plaza Artigas de la ciudad donde la intersindical reclamó una solución al conflicto y se hicieron críticas a la posición de los productores. La misma culminó con una marcha que recorrió la calle principal. Varios productores hicieron notar su malestar con el hecho de que «se nos puso en contra a la gente del pueblo y no tienen en cuenta que somos una parte vital del proyecto», ya que «sin los productores no estarían los otros eslabones de la cadena». Otro elemento que fue duramente cuestionado por varios productores fue el que se estableciera un precio diferencial, ya que con eso «nos quieren dividir y no podemos aceptar». En la asamblea hubo planteos radicales como continuar más días con las medidas u otro realizado por un productor que era el de entregarle la cosecha a ALUR y vender la caña en pie. Hubo también cuestionamientos a la dura posición de representantes del gobierno y a la postergación de la reunión con la bancada de legisladores frenteamplistas prevista para hoy. Dicha reunión fue suspendida por razones «de agenda» según los productores, lo que hizo que algunos, manifiestamente frenteamplistas, cuestionaran la actitud de los legisladores. Además se manifestaron en contra de las acusaciones que señalaban el asunto como un conflicto político. «Esto no es político, es cuestión de subrevivencia, no podemos seguir plantando a pérdida», recordó otro de los participantes de la asamblea, al tiempo que cuestionaba la «rentabilidad de los obreros de ALUR» y marcaba errores de gestión que llevaron a que «el año pasado se tiraran al río varias toneladas de azúcar». La mayoría marcó la necesidad de establecer una protección al cultivo. LA REPUBLICA fue el único medio periodístico presente en la asamblea.

 

«Hay que abordar el problema estructural»

Junior Belén es vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de ALUR y ha defendido la necesidad de iniciar la zafra, ya que se corre el riesgo de que ALUR pierda espacios que ganó en base a esfuerzo, en el mercado nacional del azúcar, además de los perjuicios para trabajadores y para la propia zafra ya que se atrasa todo el proceso. Pero marcó la necesidad de «abordar en profundidad el tema estructural y establecer mecanismos de protección real, incluso a una serie de prácticas desleales que debe enfrentar la empresa. Explicó que no hay controles garantizados sobre el ingreso de azúcar importada para la industria que entra sin ningún arancel. También el relativo a la subfacturación para calcular el arancel del 35% de las dos empresas importadoras, entre otros. Propuso incluso que para establecer el arancel se deben tomar los precios promedio a nivel internacional y no lo que declaran las empresas. En su opinión, «acá está todo por hacer», y puso el ejemplo de la existencia de más de 3.000 hectáreas que permanecen en manos de deudores contumaces que pueden ser destinadas a la plantación de caña de azúcar. Recordó que el año pasado frenaron un intento de plantación de soja que quisieron hacer inversores argentinos en esa zona y que luego la caída del precio ayudó a que no se concretara, pero es un riesgo latente. Lo acordado «es un paliativo, pero aquí hay que abordar el tema estructural con todos los componentes que tiene». Recordó que ALUR dice que con la producción de alcohol y energía eléctrica se mejoran los números del proyecto, pero «nosotros tenemos dudas». Además, cuando eso funcione va a faltar caña para producir azúcar para abastecer el mercado local, por lo que se hace necesario trabajar en varios sentidos.

 

El riego, las diferencias y los privilegiados

Uno de los elementos que encarecen el costo de producción es el valor del riego. Mientras algunos productores pagan menos de 280 dólares, otros llegan a pagar en el entorno de los 700. En conversaciones con Junior Belén y varios productores explicaron que hay 3.000 hectáreas regadas por Calagua, que cobra más de 550 dólares por hectárea. Esos precios son altos y los trabajadores creen que con ese precio se subsidia el riego para el arroz que cultivan productores que controlan la cooperativa de riego. Calpica es la que cobra en el entorno de los 700 dólares. Según algunos productores, es un sistema antiguo que tiene varios problemas y pérdidas. Para Junior Belén, el hecho de que esta cooperativa sea «manejada por dos familias» explica muchas cosas. La otra cooperativa que cobra 280 es manejada por los propios productores de caña que además dedican una parte de tierra, que produce caña, a bajar los precios del riego. Belén recuerda que tanto Calagua como Calpica tienen deudas impagables con el Estado, por lo que se debería expropiar y darle otra forma de gestión.

 

Conflicto y campaña política

El conflicto se había metido de lleno en la campaña política. Mientras desde el Partido Nacional se hizo una serie de cuestionamientos y se criticó que los trabajadores de ALUR marcaran tarjeta y fueran a hacer su piquete, algunos sectores del Frente Amplio colocaron parlantes en las calles cuestionando la actitud de los productores y diciendo que ponían en riesgo el proyecto. Con respecto al tema del marcado de tarjeta, Belén dijo que se hace «por un tema de control y no de cobro».