Gobierno reparará a los niños en cautiverio durante la dictadura

El gobierno remitió al Parlamento un proyecto de ley complementario a la iniciativa de reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985), en el cual incluye el resarcimiento de aquellos niños que hayan permanecido en cautiverio por un período de seis meses.

La iniciativa, que fue aprobada durante el acuerdo ministerial del pasado lunes, consta de un único artículo a través del cual se agrega un literal al artículo 11 del proyecto de reparación remitido por el gobierno al Parlamento el pasado 5 de mayo. La propuesta se encuentra a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. El nuevo artículo incluye, entre las personas a resarcir, desde el punto de vista económico, a «las víctimas que habiendo nacido durante la privación de libertad de su madre, o que siendo niños o niñas, hayan permanecido detenidos con su madre o padre por un lapso mayor a 180 días», las cuales recibirán la suma de «200.000 Unidades Indexadas», aproximadamente unos U$S 16.389. La diputada Daniela Payseé (Asamblea Uruguay), integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, explicó que se agrega al proyecto inicial un literal para amparar, por única vez, a un universo de personas que no quedaba incluido ni en la Ley 18.033 (de recuperación de los derechos jubilatorios de los ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por razones políticas o sindicales entre el período dictatorial), ni en el proyecto recientemente remitido al Parlamento.

«El vacío legal refiere a una interpretación confusa de lo que se podía establecer en el estado de situación de aquellos que siendo niños nacieron en cautiverio, o sus madres fueron recluidas mientras estaban embarazadas, o los niños fueron llevados junto con sus progenitores a los lugares donde oportunamente fueron privados de su libertad», explicó la legisladora.

Añadió que «a raíz de que la tipificación para esas personas, que hoy son beneficiarias, no son ni de presos ni de secuestrados, se optó por incluirlos expresamente en el proyecto».

Se estima que estarían amparadas unas 50 personas. Además, podrán gozar de apoyatura de salud y serán reconocidos públicamente y tenidos en cuenta cada vez que se realicen obras en materia de restitución de la memoria.

La propuesta original del Ejecutivo reconoce la responsabilidad del Estado en las violaciones a los Derechos Humanos cometidas tras el quiebre institucional de 1973 e, incluso, durante el período predictatorial.

Asimismo, en la iniciativa se reconoce «el derecho a la reparación integral de las personas consideradas como víctimas de la actuación ilegítima del Estado».

En tal sentido, se establece una reparación monetaria cercana a los U$S 40 mil para «familiares de personas declaradas ausentes por la Justicia, en situación de desaparición forzada o que hubiesen fallecido, a raíz o en ocasión del accionar ilegítimo de agentes del Estado».

También supone una reparación de U$S 30 mil para niños y niñas que «hayan permanecido por más de 30 días, con o sin sustitución de identidad», y unos U$S 20 mil para «las víctimas que hubiesen sufrido lesiones gravísimas» por el accionar de los agentes del Estado.