Extenso debate sobre negociación colectiva para el sector público

La cosa pintaba tediosa: ascenso de militares, ascenso de fiscales, designación de embajadores y muy poco más ofrecía el menú de la sesión de ayer.

Sin embargo, la cosa empezó a pintar más atractiva cuando la bancada frentista introdujo ­como asunto entrado fuera de hora para ser tratado con carácter grave y urgente­ un tema urticante: el proyecto de ley de negociación colectiva para los funcionarios estatales. Pero cómo, se dirá el lector, si esa ley ya había sido aprobada el año pasado con el voto de todos los partidos… Así es, en efecto, pero resulta que en ocasión de su tratamiento en la Cámara Baja, hubo algunas disposiciones que sufrieron modificaciones no menores, con lo que la Cámara Alta debía tratar dichas modificaciones y aceptarlas o rechazarlas.

Susana Dalmás se encargó de brindar el informe pertinente. Explicó en qué consistían las modificaciones e instó a sus pares a dar su aprobación. Pero la cosa no es tan sencilla, pues hete aquí que lo sustancial de los cambios introducidos en Diputados radica en que la obligación que impone esta ley a los organismos estatales en el sentido de recurrir a instancias de negociación colectiva con sus funcionarios, se extiende sin contemplaciones a los gobiernos departamentales.

Como era de prever, la vieja tradición nacionalista de respetar las autonomías municipales movió a la bancada blanca a romper lanzas contra lo que consideran una violación a esa autonomía y al mismo tiempo a denunciar una inconstitucionalidad formal. Según ese criterio, una ley que invade el ámbito municipal debe contar con la aprobación de una mayoría especial de dos tercios del total de componentes de cada una de las Cámaras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64 de la Carta.

Francisco Gallinal, lanza en mano, comandó la primera carga. Aclaró antes que nada que su Partido es partidario de la negociación colectiva en el ámbito público, e incluso advirtió que no estaba en discusión si la modificación de Diputados vulnera la autonomía municipal, pero cuestionó el hecho que el proyecto modificado en Diputados había contado con el voto de 59 representantes, lo que no alcanza a los dos tercios que requiere la Constitución. Propuso que el proyecto fuera devuelto a la Cámara Baja de manera de no hacerse cómplices de la inconstitucionalidad, pero expresó, con un dejo de amargura: «Pero ya vemos cómo viene la mano; la mayoría circunstancial que hoy tiene el FA en el Parlamento, a la Constitución la mira de reojo, y no se puede estar jaqueando todos los días la Carta Magna».

Señalando su adhesión a lo expresado por su correligionario, Eber da Rosa (Alianza Nacional) lamentó que se hubiera modificado el texto aprobado en el Senado y anunció que dará lugar a recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. A esto, el presidente del Cuerpo, don Rodolfo Nin Novoa, señaló que la propuesta de Pancho Gallinal era inviable ya que la Constitución no prevé la devolución de un proyecto sino que se debe aprobar o rechazar, y en este último caso, convocar a la Asamblea General. Alfie se alió a la postura nacionalista y recordó que la sección Jurídica del Senado se había expedido en el sentido de que se necesitaban dos tercios.

Vino luego la réplica de Michelini. Señaló que el artículo 64 de la Constitución es mucho más restrictivo y no se refiere a leyes generales sino a leyes específicas sobre la materia municipal. Sostuvo que, con ese criterio, habría que revisar todas las leyes aprobadas por el Parlamento que hubieran tocado siquiera de manera mínima las atribuciones de los municipios.

Juan José Bentancor, supliendo a Mariano Arana, basó su larga exposición en cuestiones de derechos humanos de los trabajadores y en resoluciones de la OIT que obligan a los Estados a cumplir sus recomendaciones. Hizo notar que ha habido infinidad de leyes laborales aprobadas que involucran a los municipales y sin embargo a nadie se le ocurrió plantear la necesidad de una mayoría especial de dos tercios. El aliancista Carlos Moreira auguró colisiones entre esta norma y el Estatuto del Funcionario Municipal que rige en varios departamentos, y señaló que los acuerdos a que se llegue no tendrán valor jurídico si la Junta Departamental no los aprueba.

Pero no hubo caso. Sometido el asunto a votación, el Senado resolvió, por 16 votos en 24 presentes, aceptar las modificaciones introducidas en Diputados, con lo que el proyecto pasa al Ejecutivo para su promulgación.