"Privilegio injustificado"

La abogada Pilar Elhordoy, que lleva adelante una decena de causas por violaciones a los derechos humanos en los años de la dictadura, opinó que «no existe razón plausible, ni fallos judiciales, que justifiquen -por el momento- que reclusos condenados por delitos comunes sean beneficiados con una cárcel especial. Según el Artículo 8º de nuestra Constitución, todos somos iguales ante la ley, por ende los iguales deben estar con sus iguales. Otra cosa puede considerarse un privilegio injustificado.

 

GOLDARACENA:  LA CARCEL VIP

«El hecho de que los jueces no imputen tipos penales previstos en la Ley 18.026 no quiere decir que los delitos cometidos que se les imputan no sean crímenes de lesa humanidad», afirmó el abogado Oscar López Goldaracena, para quien son explícitos al respecto el derecho, la doctrina y la jurisprudencia internacional.

«Los ejemplos más claros son las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establecieron que la desaparición forzada de personas era una crimen de lesa humanidad aún antes de que existiera el vocablo «desaparición forzada» en las convenciones internacionales», explicó.

López Goldaracena sostuvo que «no debe existir discriminación entre los presos. Todas las personas privadas de libertad tienen que estar en condiciones que permitan su rehabilitación, pero no pueden existir presos de primera y presos de segunda. Lo que sí debe existir para este tipo de criminales son cárceles de alta seguridad donde no cuenten con ningún beneficio y muchos menos gozar de los privilegios de una cárcel VIP». «En la medida en que se siga manteniendo el pacto de silencio y las Fuerzas Armadas no reconozcan la responsabilidad en los hechos como institución, la sociedad uruguaya debería redefinir el rol de las Fuerzas Armadas, porque no nos olvidemos que las armas se las confió el pueblo, no son propiedad de las Fuerzas Armadas», puntualizó.

 

JORGE PAN:  IRRITANTE DIFERENCIA

El abogado Jorge Pan, del equipo jurídico del Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur), indicó que «acá tenemos principios constitucionales y uno de ellos es la igualdad de todos los habitantes, diferenciados solo por talentos y virtudes, por lo cual una persona que comete un delito debe tener un lugar común de detención».

Jorge Pan advirtió que «a toda persona privada de libertad le asisten derechos, pero es una irritante diferencia que algunas personas que cometieron delitos calificados por la doctrina y la jurisprudencia internacional como delitos de lesa humanidad, tengan un lugar de reclusión en donde gocen de determinados privilegios ante los demás que están privados de su libertad».

Los militares «deberían estar en cualquiera de los penales, en un módulo distinto, pero no construir una cárcel a esos efectos, porque no tiene sentido y es un tratamiento diferencial ante otros presos. Todas las cárceles deberían tener la debida tutela de sus derechos elementales, según lo estableció recientemente el Informe Nowak», indicó.

 

Hebe Martínez Burlé  Por la verdad, daría el Sheraton

Para la abogada Hebe Martínez Burlé la Constitución establece que ningún ciudadano debe tener menos ni más garantías que otros y hoy no se está cumpliendo la Constitución cuando hay personas expuestas a la pena de muerte por razones de salud y otras tienen privilegios en la misma situación. En clara alusión a la prisión domiciliaria del dictador Bordaberry, recordó que hay un centenar de personas presas con sida, enfermedades graves y malas condiciones. «Estoy de acuerdo en que todos tengan los mismos beneficios, cualquiera sea su delito, pero no comparto los privilegios», dijo. Agregó que quienes cometieron delitos de lesa humanidad, tampoco han colaborado en el esclarecimiento de la verdad.

 

Guianze y Telechea  Respetar el principio de igualdad

La fiscal penal de 2º turno, Mirtha Guianze, dijo que «en la actual situación carcelaria no se cuál es la justificación que existe para mantener en esa cárcel a doce personas cuyas condiciones de reclusión se diferencian netamente de otros internos.

A primera vista y sin conocer las motivaciones que llevaron a esa reclusión, se estaría vulnerando el Artículo 8ª de la Constitución, donde se establece el principio de igualdad», expresó.

Por su parte, la fiscal penal de 5º turno, Ana María Telechea, recordó a LA REPUBLICA que no está de acuerdo «con las cárceles especiales porque los delitos son delitos como cualquier otro y no hay delincuentes especiales», sostuvo.

Guillermo Paysée  Otros toman agua del water

El abogado Guillermo Paysée, del equipo jurídico del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), recordó que se opuso en su momento a la prisión de Domingo Arena, «porque no se entendía que en nuestro país, en forma excepcional, se hiciera una cárcel con esa velocidad, cuando se tardó años en hacer la cárcel de Soler en San José para 120 personas y la refacción del Penal de Libertad».

Paysée señaló que la de Domingo Arena «es una cárcel de características totalmente diferentes.

Toda la población carcelaria debería gozar de lugares dignos como ese, una cárcel sin superpoblación, con lugares decentes y prolijos, que no existen en el resto de la Dirección de Cárceles ni en las jefaturas del Interior.

El abogado señaló que aunque se dijo que la cárcel no sólo sería para militares sino también para otros detenidos especiales, no se aceptó trasladar allí a un preso como el ex policía Washington De María, quien permanece en una situación de aislamiento del resto de los presidiarios del Penal de Libertad.

El representante de Serpaj sostuvo que «no se justifica la cárcel en la que están los militares, que no colaboran ni adentro ni afuera, porque las Fuerzas Armadas tampoco dicen la verdad, cuando hay un sistema carcelario superpoblado en el que los principales violadores a los derechos humanos en la historia del país tienen privilegios y el ladrón de gallinas tiene que tomar agua de un water».