Reclamarán financiamiento al Estado

El representante de la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad, Carlos Coitiño señaló ayer a LA REPUBLICA su alegría por haberse alcanzado la primera parte del objetivo final. A partir de ahora, dijo, se propondrá como línea de trabajo, «mejorar y amplificar el contenido de la reforma constitucional, para lo cual se reivindicará el derecho de obtener un financiamiento especial para comunicar la propuesta, e incluso para la impresión de las boletas que se incluyan al momento de votar el próximo 25 de octubre».

Coitiño indicó que se solicitará a los medios de comunicación espacios que le permitan a la ciudadanía contar con los elementos informativos necesarios. Incluso, dijo que se maneja solicitar el apoyo del Estado para obtener una partida que financie la divulgación del contenido a plebiscitar, y buscarán el apoyo tanto del Poder Ejecutivo como del Parlamento, y se pedirá entrevista con los candidatos a la presidencia de los distintos partidos políticos.

Otro punto a concretar será la instalación de una «casa para los Blancos» que permita la distribución de las papeletas para los votantes nacionalistas que pretendan anular la Ley de Caducidad. Para que esto sea posible se requiere el 50% más uno de los votos emitidos el día de las elecciones nacionales, y se estima que serían 1.100.000 sufragios.

Por otro lado, destacó la eficaz tarea administrativa desarrollada por los funcionarios de la Corte Electoral, que concluyeron la tarea de verificación «mucho antes de lo previsto por las autoridades», y señaló que este adelantamiento se produjo por la dedicación asignada por los trabajadores del organismo electoral.

En un segundo punto, Coitiño enfatizó que, con la habilitación del recurso de consulta popular se «rescató un nivel de participación y de decisión en un tema de trascendencia, en cuanto a la vigencia o no de la Ley de Caducidad». Ahora se queda a la espera de que el organismo informe al Parlamento, que tiene plazo hasta el 25 de julio.