Embargo millonario a cooperativa

La Justicia dispuso un embargo millonario sobre la cooperativa Cash ante una demanda de la Dirección General Impositiva (DGI), por el no pago de tributos, al constatarse una desviación de sus objetivos como cooperativa de ahorro y crédito, y su actuación como entidad financiera.

La resolución de la jueza Civil de 16º Turno, Cristina Crespo, dispuso el embargo de Cash por 290 millones de pesos (unos 12,4 millones de dólares). La requisitoria de embargo radica en el no pago de los tributos generados por concepto de impuesto a la Renta y al Patrimonio.

La DGI concluyó que si bien Cash se encuentra registrada como cooperativa financiera (y por tanto exonerada del pago de determinados impuestos) sus fines se desvirtuaron y actuó como una institución financiera, según informó el pasado viernes «El Observador».

Cash fue denunciada ante la DGI por la Auditoría Interna de la Nación (AIN), tras una investigación sobre varias cooperativas iniciada en 2004, para evitar que se utilice esa figura legal para empresas que no funcionan como tales y que se dedican al préstamo de dinero.

 

Distorsión de beneficios

El régimen cooperativo promueve beneficios tributarios, pero sujetos al cumplimiento de «determinada conformación del capital social y de los beneficiarios de los créditos de esas cooperativas», los cuales «no se verificaban por parte de Cash», explicó el director de la DGI, Nelson Hernández a LA REPUBLICA.

Los propietarios de la cooperativa embargada «serían unas pocas personas de nacionalidad argentina, titulares de todo el capital, quienes terminaron siendo los beneficiarios de la renta que genera la empresa», señaló Hernández en base a la información divulgada por la prensa.

«Se distorsiona entonces el objetivo de la Ley de Cooperativa que es beneficiar a las personas que obtienen los créditos», y «brindarle la oportunidad a todos los socios cooperativistas de créditos más baratos por intermedio de la exoneración de tributos», indicó el jerarca.

La conformación de «una empresa comercial» detrás del formato de cooperativa, implica que «la exoneración está beneficiando a los socios capitalistas de esa empresa», lo cual constituiría «una distorsión», porque de esta manera «una entidad con afán de lucro, obtendría beneficios tributarios que no le corresponden», concluyó Hernández.