Asesor jurídico de Saravia acusa de fraude a Bejérez

Según el doctor Mario Burgos Pintos llegan a diez las denuncias presentadas hasta el momento ante la Justicia local, anunciándose que las mismas continuarán en la medida que los informes de las auditorías contengan indicios de irregularidades.

Fraude, apropiación indebida y falsificación ideológica de documento público serían algunos de los delitos cometidos en distintas áreas municipales, de acuerdo a la opinión del asesor de Saravia. Se desconoce el destino que tuvieron cerca de diez millones de dólares manejados por la anterior administración. En entrevista con LA REPUBLICA Burgos recordó que «cuando fallece Villanueva Saravia en agosto del 98, la Intendencia estaba al día y tenía una reserva en el Banco República de 5:200.000 dólares.

Cuando asume la actual administración de Diego Saravia no solamente había desaparecido la reserva bancaria sino todo lo recaudado en poco más de un año, a lo que hay que agregar algún aporte excepcional como los 450 mil dólares del Ministerio de Vivienda destinados a los inundados más un déficit equivalnte a la reserva depositada en el BROU».

Burgos asegura que «de los informes preliminares de la auditoría privada pueden constarse una serie de maniobras irregulares y en algunos casos delictivas».

Con relación a compromisos económicos asumidos por la administración Bejérez que superan largamente las previsiones de gastos y recaudación Burgos ironizó diciendo que «la Intendencia no juega al cinco de oro, ni a la tómbola o la quiniela».

Uno de los temas que ha desatado mayor polémica es el relacionado con el manejo de cheques diferidos librados por el gobierno Bejérez. Según el ex intendente estas obligaciones bancarias no se han cumplido por simple capricho de Saravia en el marco de una revancha política.

Sin embargo, Burgos Pintos sostiene que «existe un sobre endeudamiento absolutamente fraudulento con la utilización de los cheques diferidos». Agregó que «hubo una forma absolutamente irresponsable y que hace presumir un uso indebido del mecanismo de cheque de pago diferido. En tal sentido algunos informes que estamos estudiando ya están demostrando cómo se utilizaban, es decir para realizar negocios que constituyen una forma descarada de fraude».

Entre otras presuntas irregularidades, el funcionario indicó a modo de ejemplo que «se construyó o reparó un puente por parte de un taller mecánico, con destino a talleres y no a obras como corresponde». «Hay facturas en las que las tres guías de una misma boleta fueron utilizadas cada una por separado para documentar servicios o adquisición de bienes diferentes». «Para explicar este fraude decimos que se cobró dinero por bienes y servicios que no se prestaron, inexistentes, o de lo contrario se utilizó el mecanismo de la facturación para tapar o maquillar contablemente el retiro de dinero con fines que se ignoran y eso es un fraude», enfatizó.

También aseguró que «existen documentos que han sido falsificados ideológiamente que abarcan desde resoluciones hasta empadronamientos de vehículos, eludiendo el pago del costo de la libreta y del propio empadronamiento».

Para Burgos una de las irregularidades más graves tiene que ver con el desvío de fondos provenientes de convenios con organismos internacionales, lo que configura una clara violación de las condiciones impuestas. En tal sentido, informó que la comuna «fue denunciada por la empresa contratista de la obra de la calle Miguel Barreiro por abonar tres certificaciones de obra con cheques diferidos que vencían en octubre, noviembre y diciembre del 99 y enero y febrero del presente año. Esta situación configura el delito de apropiación indebida», sostuvo.

Burgos explicó que la Intendencia integra el Plan Municipal III, que es un convenio entre el Estado y el BID en el que participan todas las comunas. El organismo ejecutor es la OPP quien establece las condiciones de la forma como pueden utilizar los fondos cada Intendencia. «Allí se establece y notifica que la comuna tiene la obligación de poner a disposición de los contratistas las sumas que la OPP gira en el plazo de cinco días hábiles y que debe abstenerse de utilizar el mecanismo de cheque diferido porque esa práctica implicaría el uso temporal de fondos con un destino manifiestamente ajeno al convenido».