Juez pidió a colega argentino expediente sobre caso Orletti

Fuentes judiciales indicaron que Contarín solicitó al juez federal argentino Gustavo Literas testimonio firmado por actuario del expediente donde se investiga el secuestro de niños durante la dictadura militar para decidir si procede a indagar, dijeron a LA REPUBLICA fuentes judiciales.

Contarín recibió a fines de 1999 un exhorto del juez argentino Literas, que investiga en un expediente el secuestro de niños durante los años de la represión militar. El magistrado argentino requiere a su colega uruguayo información sobre varios militares uruguayos que en el marco de la operación Cóndor trabajaron en Argentina en tareas del aparato represivo. En particular, preguntó si los oficiales del ejército uruguayo José Gavazzo, Jorge Silveira, Manuel Cordero y el inspector policial Hugo Campos Hermida, cumplieron en Argentina alguna misión asignada por los mandos militares durante los años 1976 y 1977, con qué objetivos y en qué ámbito. El oficio fue librado en el mes de mayo con destino al Ministerio de Defensa Nacional.

Fuentes judiciales indicaron que como primera medida Contarín envió el expediente a un fiscal en lo penal, cuyo nombre no fue revelado. La fiscalía actuante entendió que la Justicia uruguaya podía proceder a investigar y recabar la información solicitada por la Justicia del vecino país. Implícitamente esa fiscalía sostuvo la tesis de que recabar información a pedido de un juez extranjero es una actividad que no está incluida en la Ley de Caducidad.

La semana pasada Contarín envió una comunicación al juez argentino solicitándole copia del expediente, expedida con testimonio del actuario del juzgado. Las fuentes indicaron que el magistrado uruguayo quiere acceder al contenido de la investigación antes de decidir si decreta una indagatoria en Uruguay destinada a recabar la información solicitada por el juez argentino.

Cuando Contarín reciba la información solicitada a la Justicia argentina fallará sobre el exhorto remitido el año pasado. El punto central a dilucidar es si la Ley de Caducidad no es un obstáculo jurídico para proceder a colaborar con la jurisdicción argentina.

La causa

La causa fue abierta en 1998, con la acusación contra los militares y el policía uruguayos por «apropiación de menores». Los abogados patrocinantes también remitieron un oficio dirigido a la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) de la República Argentina para que informe si en esa dependencia militar actuaron en esos años «en comisión, o bajo cualquier otra forma, oficiales del Ejército uruguayo, y en caso afirmativo, el nombre de los mismos y el tipo de tareas asignadas». En setiembre, se adjuntó al expediente judicial un documento fechado en setiembre de 1976, enviado por la SIDE al Comando del Cuerpo de Ejército I argentino, en el cual aparece transcripta una orden de secuestro de los uruguayos residentes en Argentina, Jorge Zaffaroni y María Emilia Isla Gatti, ambos hoy desaparecidos. En el documento se menciona al organismo militar uruguayo OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas) como posible ejecutor de dicha orden. Además contiene el membrete del Batallón 601 del Ejército argentino, recientemente desintegrado por el gobierno de Fernando de la Rúa.

Los abogados también incluyeron el testimonio del capitán de Caballería Eduardo Cabanillas, quien admitió la presencia de uruguayos «en comisión» en la SIDE.

Cabanillas fue involucrado por el poeta Juan Gelman en la desaparición de su hijo, su nuera y su nieta o nieto, así como las denuncias de Sara Méndez, también detenida en Orletti, quien acusó a Gavazzo por el secuestro de su hijo.