Transformar la acción de la Policía

Las 30 medidas de gobierno también incluyen un paquete de iniciativas para mejorar la seguridad ciudadana, un tema que según Astori tendrá prioridad en su «proyecto nacional» de país y también para lograr «un Estado más eficiente al servicio de la gente», que está detallado en el capítulo IV del documento.

26) Promover un Estado más eficaz, transparente y al servicio de los uruguayos: Se mejorará el procedimiento de compras y contrataciones de bienes y servicios no personales del Estado y se implementarán compromisos de gestión y profesionalización de la función pública a todos los niveles jerárquicos.

27) Simplificar trámites con control ciudadano: Se simplificarán los procesos y procedimientos realizados por las dependencias del Estado, con el propósito de mejorar la atención de los usuarios y reducir tiempos y costos de tramitación.

El capítulo V está dedicado al «Uruguay Seguro». Los asesores sostienen que uno de los ejes principales del último capítulo del documento es el de abordar la problemática de los adolescentes en conflicto con la ley.

28) Transformar y profesionalizar la acción policial: Se transformará el funcionamiento de las seccionales policiales. Se crearán más comisarías y serán mejor distribuidas para estar más cerca de la gente. Habrá una «continuidad en la profesionalización del cuerpo policial, con salarios dignos asociados a una adecuada selección y calificación de los recursos humanos.

29) Crear una Dirección Nacional de Rehabilitación: Se separarán las cárceles de la Policía y se realizará una reestructuración general de las cárceles (máxima seguridad, para condenados, procesados y en particular un sistema para la rehabilitación juvenil). También se implementará un «sistema de penas alternativas» de forma tal que la pena de prisión no constituya la primera y única respuesta.

30) Impulsar medidas socio-educativas y de privación de libertad para los adolescentes en conflicto con la ley: Se creará un Instituto Socio-Educativo de Responsabilización de los Adolescentes en conflicto con la ley penal. También se pondrán en práctica medidas socioeducativas sin privación de la libertad, que suponen la permanencia del adolescente en su marco de convivencia familiar y comunitaria.

Por último, se impulsará el desarrollo de una Justicia de Adolescentes con tribunales y juzgados especializados en caso de personas menores de edad en conflicto con la ley.