Introducen cambios a "ley reparatoria"

El cambio obedeció a que se entendió que la reparación no es un ámbito propio ni de Asuntos Laborales ni de Seguridad Social. La Comisión deberá priorizar este proyecto de Ley para poder cumplir con el anuncio del Poder Ejecutivo de que este año se aprobaba la ley.

La Ley de Reparación a las Víctimas del Terrorismo de Estado se ha convertido en un dolor de cabeza para el Frente Amplio. La ley anterior, que creó una pensión reparatoria para ex presos políticos, fue el primer paso que se dio al respecto, pero más allá de las limitantes que impuso su texto, generó el rechazo de los ex presos políticos por considerar que existe una diferencia filosófica muy importante entre una pensión monetaria y el concepto de Reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, de acuerdo a lo que ya laudado la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El propio presidente Tabaré Vázquez reconoció en su momento que luego de aprobada dicha ley había que comenzar a trabajar para aprobar una Ley Reparatoria.

Crysol, el agrupamiento que nuclea a ex presos políticos, encomendó al doctor Oscar López Goldaracena la preparación de un proyecto de ley de Reparación Integral atendiendo a lo que ya se ha concretado en la región y basándose en los principios aprobados por las Naciones Unidas. Esta propuesta no tuvo mayor andamiento y se creó una comisión especial integrada por legisladores frenteamplistas para que estudiara el tema y llevara adelante un proyecto de ley. Los primeros borradores, que fueron trabajados conjuntamente con Presidencia de la República, no dejaron satisfechos a los interesados, que arremetieron nuevamente con el proyecto Goldaracena.

Luego de mucha discusión se logró concretar un proyecto en la comisión que pareció contar con el apoyo del gobierno, pero fue tal la oposición de las víctimas del terrorismo de Estado que comenzaron nuevas negociaciones. Finalmente el Poder Ejecutivo anunció que en mayo le presentaría al Poder Legislativo el proyecto de ley y así se hizo. Las carencias notorias del nuevo proyecto, que no contemplaba a los ex presos excluidos de la Ley Nº 18.033 (o por haberse beneficiado de leyes anteriores ­ ninguna reparatoria­, o por recibir actualmente ingresos superiores al tope establecido en dicha ley) continuaron vigentes. Cabe destacar también que la Ley Nº 18.033 es considerada una pensión y para poder acceder a la misma el interesado debe renunciar a poder beneficiarse de una jubilación por la que aportó durante los años que trabajó.

Es más, la nueva ley contemplaba básicamente a los familiares de los desaparecidos con una reparación económica pero tampoco se atenía a las recomendaciones de la ONU para ir generando barreras para que no volviera a suceder la violación sistemática de los derechos ciudadanos por parte del Estado.No es ningún secreto que han existido posiciones divergentes entre los legisladores frenteamplistas, no sobre la reparación en sí sino sobre la forma de hacerla.

En estos días los senadores Eduardo Lorier y Margarita Percovich lograron que el universo de víctimas reparadas económicamente se extendiera. En ese sentido, la buena noticia fue que se incluía a los niños nacidos en cautiverio y a los fallecidos en cautiverio. En este último caso será la Comisión que la Ley crea la que reglamentará los criterios a seguir.

El proyecto de ley ingresó al Senado, a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, nuevamente en el entendido de que se trata de un problema de seguridad social, pero el lunes en una reunión de la bancada de senadores del Frente Amplio se decidió que pasara a la Comisión de Constitución y Legislación para su tratamiento. «Somos conscientes de que esta ley también tiene importantes carencias», sostuvo un senador frenteamplista. Si se pretende que la ley se apruebe en esta legislatura se deberá concretar una maratón, ya que los ex presos han solicitado ser recibidos por la Comisión para plantear sus puntos de vista y se espera que otras organizaciones de derechos humanos también lo hagan pero por ser año electoral a mediados de agosto finaliza la actividad parlamentaria.