SECRETARIA NACIONAL ANTILAVADO

El Poder Ejecutivo reglamentó, el pasado miércoles 20, las atribuciones de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, uno de los organismos específicos en el combate al crimen, organizado bajo la órbita de la Presidencia de la República.

El decreto dispone la creación de la Secretaría, con el objetivo de «coordinar la ejecución de las políticas nacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en coordinación con los distintos organismos involucrados».

La Secretaría deberá, por tanto, «coordinar y ejecutar, en forma permanente, los programas de capacitación definidos por la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo» para «los operadores del derecho en materia de prevención y represión» como jueces y fiscales, así como de funcionarios de los Ministerios del Interior, Defensa, Economía y Relaciones Exteriores. La capacitación también incluirá al personal de «entidades bancarias públicas y privadas» y otras instituciones y empresas.

«La capacitación (sin embargo) podrá hacerse extensiva a los funcionarios de todas las entidades públicas o privadas relacionadas con la temática», expresa el decreto.

En tanto, el secretario general de la unidad será designado por el propio presidente de la República «y dependerá de la Junta Nacional de Drogas». Las atribuciones del secretario serán «convocar y coordinar» las actividades de la Comisión Coordinadora, así como «supervisar, coordinar y evaluar» actividades de apoyo técnico y administrativo para su funcionamiento.

Además, el secretario deberá «comunicarse y requerir información de todas las dependencias del Estado para el mejor cumplimiento de los cometidos» de la Comisión. «Las dependencias del Poder Ejecutivo deberán brindar toda la información solicitada en el plazo más breve posible».

El secretario deberá actuar como «coordinador nacional» con el Gafisud y asumir la representación del Uruguay ante los organismos internacionales especializados, así como promover eventos para coordinar acciones y unificar criterios entre las instituciones públicas y privadas involucradas en la materia, proclama el decreto.