Opiniones de Sarthou, Goldaracena, Rinaldis y Bordes

La interpretación jurídica del ex catedrático en Derecho Constitucional, Horacio Cassinelli Muñoz, publicada el pasado jueves en el semanario Búsqueda, sobre un posible «reexamen» de los procesos en los cuales fueron enjuiciados militares en causas por violaciones a los derechos humanos de prosperar la anulación de la Ley de Caducidad, generó reacciones diversas en el ámbito jurídico uruguayo.

El abogado Hoenir Sarthou, co-redactor del proyecto de anulación de la Ley de Caducidad, por ejemplo, consideró que «no existe ninguna razón» para fomentar la tesis de Cassinelli Muñoz, porque la anulación no comprende «los casos que fueron excluidos». La anulación «no declara la nulidad de los procesos; se dice que la ley no existió», por lo cual podría determinarse «nula la consulta al Poder Ejecutivo, pero los procesamientos no se fundan en la consulta, sino en normas jurídicas» existentes previo a la consagración de la ley, explicó Sarthou.

«Lo único que se convertiría en nula es la consulta», pero «no modifica en nada la decisión de procesar a los militares. Los procesos habrían tenido el mismo efecto». La anulación, por el contrario, podría significar «el reprocesamiento» de militares por «algunos delitos que fueron amparados» por la ley, estimó Sarthou. En este sentido, se expresó además Oscar López Goldaracena (ver recuadro).

En tanto, el abogado Mauro Rinaldis, profesor de Derecho y abogado del policía Ricardo «Conejo» Medina, dijo que «en las condiciones actuales voy a disentir con Cassinelli Muñoz, pero sin estar de acuerdo en un todo con López Goldaracena».

El abogado manifestó tener «severos reparos» sobre la Ley de Caducidad «porque implica una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial», pero podría existir una «inaplicabilidad de la anulacion» porque «podría contravenir normas supranacionales, que afectan a toda la humanidad».

«El pueblo puede hacer lo que el pueblo quiera», en cuanto a reformar la Carta Magna, pero «existen principios fundacionales básicos del derecho que van más alla de las autonomías básicas de cada Estado y cada Constitucion», indicó.

«Existen principios supraconstitucionales (como el de certeza jurídica o cosa juzgada) que pueden verse afectados por la anulacion de la Ley de Caducidad», por lo que la nulidad «podría ser impugnada». «La pregunta es mediante cuál mecanismo», por lo que «si alguien no está de acuerdo con la anulación, entiendo que esto puede terminar en organismos internacionales», expresó Rinaldis.

Por su parte, el abogado Gustavo Bordes consideró «novedoso, atendible e interesante» el planteo propuesto por el profesor Cassinelli Muñoz, por lo cual «merece un análisis profundo».

«Toda ley nula debería retrotraer sus efectos para atrás y todo efecto debería ser anulado», por lo cual si los procesamientos de los militares se dispusieron «en base a una ley declarada nula, sin perjuicio que habría que discutir si existe la posibilidad de anular una ley, evidentemente podrían considerarse nulos» de concretarse la reforma constitucional, dijo Bordes.