SCJ se expide en "4 ó 5 meses" sobre el recurso contra la Ley de Caducidad

El expediente por el cual se interpuso la excepción de inconstitucionalidad contra la ley 15.848, «Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado», comenzará a circular en pocos días entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para su sentencia definitiva.

El fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Rafael Ubiría, presentó el pasado martes su dictamen «en favor» de considerar inconstitucional la norma, tras lo cual se completó el trámite previo al pronunciamiento de los ministros. Ubiría consideró en su dictamen que la Ley de Caducidad «viola la separación de poderes», se contrapone a normas del derecho internacional aprobadas por el Estado uruguayo y fue dictada bajo «presión», ante la «crisis institucional existente». El fiscal de Corte concordó así con la postura del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sobre la inconstitucionalidad de la norma impugnada.

El expediente fue remitido, por tanto, a la Unidad de Jurisprudencia de la SCJ, donde se recopilará la totalidad de los pronunciamientos emitidos por el cuerpo sobre el tema, para luego pasar a estudio de los ministros de la Corte, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

Los ministros dispondrán de un plazo de 20 días cada uno para analizar los argumentos y emitir su voto. Luego, durante una sesión de acuerdo, la SCJ tomará posición sobre «el fondo» del recurso interpuesto, señalaron las fuentes.

La sentencia de la SCJ sobre la excepción de inconstitucionalidad contra la Ley de Caducidad, por tanto, podría conocerse «en cuatro o cinco meses». Sin embargo, existe la posibilidad de retrasar «un poco» el proceso, ante la inminente jubilación del ministro Hipólito Rodríguez Caorsi, al cumplir la mayoría de edad legal para desempeñarse en el cargo (70 años), el próximo 10 de julio, agregaron las fuentes. El trámite se inició en octubre de 2008, cuando la fiscal Mirtha Guianze interpuso el recurso de inconstitucionalidad.

 

Inconstitucional

El dictamen del fiscal Ubiría «en favor» de la inconstitucionalidad de la norma, fue considerado de «gran importancia» por el integrante de la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, y co-redactor del proyecto de reforma constitucional, Oscar López Goldaracena.

El especialista en derechos humanos estimó que el dictamen de Ubiría «está en línea» con los fundamentos jurídicos que «desde hace décadas» sustentan los promotores por la anulación de la Ley de Caducidad «de nuestro ordenamiento jurídico».

«Es clarísimo que la ley viola la separación de poderes porque si es el Poder Ejecutivo el que resuelve que casos se juzga y que casos no, está invadiendo la funcion judicial», así como «por otro lado es notorio que también existió un vicio por violencia en el proceso de formación de la voluntad del Parlamento de la epóca, el cual fue amenazado por el poder militar y así lo reconocen los propios legisladores de entonces que votaron a favor de la ley», expresó el abogado a LA REPUBLICA.

«Más allá que el dictamen del fiscal no obliga a la Corte, creemos que la SCJ va a ser receptiva al mismo por sus fundamentos y seguramente declare la inconstitucionalidad de la ley para el caso de Nibia Sabalsagaray». Sin embargo, una declaración en este sentido «no tiene efectos generales para el resto de los casos, y por tanto, la única forma de remover a la ley con carácter general es declarando su nulidad e inexistencia, y la única vía planteada para ello es el proyecto de reforma constitucional que se votará el proximo 25 de octubre», recalcó el abogado.