"Lacalle mató al campo; lo aplastó"

Lo primero que me comenta, no bien llego a su despacho, es una nota de El País, en la que se sugiere que el gobierno no cumple con las recomendaciones del GAFI en lo que tiene que ver con el combate al crimen organizado y al lavado de activos. No oculta su indignación y, antes de que yo le formule ninguna pregunta, se larga a hablar del asunto:

 

­El País dice que Uruguay está bajo la lupa del GAFI (organismo internacional dedicado a controlar las transferencias financieras), pero eso ya no es así. Sí, le mostró la amarilla después de la caída de las Torres Gemelas, en 2001. A partir de entonces, el GAFI aumentó sus prerrogativas de 40 a 48, y puso ciertas reglas que los países deben cumplir. El ex presidente Batlle, con la amenaza de la tarjeta amarilla, envía la ley que se aprobó en 2004, una ley muy buena, que es la que acabamos de modificar recientemente para mejorar. En 2005, el gobierno la reglamentó y formó equipos interinstitucionales para trabajar en el tema lavado de activos, combate al narcotráfico y al terrorismo. En 2006 viene una inspección del GAFI junto con el Fondo Monetario Internacional para hacer la evaluación del cumplimiento del nuevo gobierno. Ahí se constata que, de las 48 prerrogativas del GAFI, Uruguay tenía carencias en cuatro o cinco y que la legislación vigente (la ley de 2004) ofrecía flancos débiles.

En 2007 vuelve una misión del GAFI a Uruguay y verifica que el país ya había corregido todo lo que se había indicado, y que sólo restaba crear los juzgados y fiscalías especializados en la materia, y modificar la ley de 2004 para tapar los agujeros. No quiere decir que en Uruguay ya no se lave dinero, pero el país ha avanzado muchísimo: se eliminaron las SAFI, se abrió el secreto bancario y tributario, se crearon los juzgados y fiscalías especializados, se nombraron jueces y fiscales de reconocida solvencia en la materia (la doctora Gatti y el doctor Díaz son de primer orden a nivel mundial), pues hay que tener en cuenta que son delitos complejos que se realizan a través de operativas financieras, como por ejemplo las cuentas corrientes en los casinos o la actividad de ciertas iglesias, que son un medio habitual de lavar dinero. Hemos cumplido con creces el planteo estratégico del Uruguay y hemos incorporado sujetos obligados (aquellas empresas o personas físicas obligadas a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Central de todo manejo financiero que pueda despertar sospechas), como por ejemplo las inmobiliarias, los escribanos cuando intervienen en operaciones de inversión, los empresarios de la construcción, los casinos, etcétera.

 

­La ley aprobada el martes 12 en el Senado incluye, también, las investigaciones especiales.

­Efectivamente. La vigilancia electrónica ­telefónica y audiovisual­ que se usa en todo el mundo; el colaborador, que en otras partes del mundo es el «soplón», una persona involucrada en el crimen organizado que es contactada por la policía para que pase información; el juez le da una protección especial como testigo clave, y esa colaboración hace que se le rebaje la pena e incluso que se lo exima de castigo por delitos cometidos. Se incluye también el agente encubierto, un funcionario de identidad secreta que puede actuar como si fuera un criminal más, manejar los fondos ilícitos, vender droga, etcétera, para desbaratar la organización en la que se ha infiltrado. Con todo esto, Uruguay queda muy bien posicionado como país que combate el crimen organizado.

 

­Sé que además de los temas vinculados al agro y del crimen organizado, los temas militares son tu especialidad, ¿verdad?

­Sí. Los temas de Defensa los conozco bien por haberlos estudiado desde hace mucho tiempo. Tengo buena relación con integrantes de las Fuerzas Armadas ­amigos y parientes­ con quienes hemos conversado mucho, y tengo un buen equipo de asesores de las tres armas. Mi origen blanco y la tradición familiar como herederos de Aparicio Saravia explican el interés en el tema militar.

 

­Tenían que estar preparados para ir a las cuchillas y levantarse en armas contra el gobierno…

­(Se ríe) Y sí, había que conocer del asunto… En fin, la cosa es que la izquierda en general nunca le dio demasiada importancia al tema militar, aunque hay gente en el Frente que se preocupaba por estos temas, como el Ñato, Korzeniak, Gargano, además de militares como Licandro o Lebel que habían trabajado muchísimo. Y la izquierda se había comprometido a aprobar una Ley de Defensa y promover un debate que nunca se había dado en el país; eso se hizo y es otra de las grandes cosas que hizo la izquierda. La gente no se da cuenta de las dimensiones que tiene la Ley de Defensa Nacional, que se debatió durante tres años con participación de toda la sociedad. Es una ley que democratiza a las FFAA, las moderniza. Yo integré la Comisión de Defensa Nacional porque me parecía muy bueno el programa de la izquierda en esa área. Los militares son el complemento profesional de la defensa, pero en realidad la defensa es mucho más que eso; abarca otros aspectos mucho más amplios, de estrategia e incluso de integración en el continente. Lo estamos viendo con el Consejo de Defensa del Sur en el marco de la Unasur; ahí se discuten asuntos de estrategia, defensa de los recursos naturales… No se está hablando de un ejército continental, sino de cómo el continente se va a mover dentro de una estrategia que tiene en cuenta la contaminación, el cambio climático. Todo eso es defensa, y todo eso está contenido en el programa del Frente Amplio.

 

­¿Se puede decir, entonces, que se está cumpliendo el programa del FA en esa materia?

­Se está cumpliendo con creces. Todavía queda mucho por hacer, pero se está cumpliendo. Después de la Ley de Defensa, va a venir una Ley Orgánica del Ministerio de Defensa; también falta actualizar la Ley Orgánica Militar y la Ley Orgánica de cada fuerza. Es en eso que tenemos que seguir avanzando, con una concepción muy clara: que la sociedad es una sola; que no existe una sociedad civil y una sociedad militar. La sociedad es una sola bajo el imperio de la Constitución y la Ley.

Los militares son profesionales que integran la sociedad del mismo modo que otros profesionales.

Y creo que esta concepción ayuda a evitar lo que ocurrió en el pasado. Si los civiles, y sobre todo los políticos, no tenemos conocimiento de cómo piensan los militares y no compartimos nuestra vida con ellos desde el punto de vista político y social, resulta difícil al poder político controlar y mandar sobre un estamento de la sociedad que está subordinado al poder político.

La actual presidenta chilena Michelle Bachelet, que conoce muy bien el tema, ha dicho que en los sesenta y setenta, uno de los elementos fundamentales que ayudaron a los golpes de estado fue el poco conocimiento del poder político sobre lo que pensaban y hacían los militares y, cuando quisieron acordar, los militares habían entrado a los Parlamentos con los fusiles en la mano.

Los políticos debemos conocer a fondo los temas militares, conversar con ellos y tratar de que nos brinden más información.

En eso, la izquierda uruguaya ha avanzado muchísimo bajo este gobierno, algo que no hicieron los otros partidos, porque el Partido Nacional fue históricamente reprimido por un Ejército que, después de la guerra del cuatro, fue un ejército de ocupación; no fue un ejército de defensa nacional.

Un ejército de ocupación heredero de Venancio Flores, con la bandera colorada en los cuarteles. Y eso quedó hasta la década del sesenta, cuando las FFAA fueron usadas por la dictadura pachequista para reprimir el descontento popular.

El Frente ha hecho una gran tarea al fomentar el debate de la sociedad con los militares. Participó el PIT-CNT, participaron actores sociales, militares retirados y en actividad, po
líticos. Discutimos, nos dijimos lo que teníamos que decirnos, y de ahí surge el borrador de la Ley de Defensa, aprobada por todos los partidos porque es política de Estado.

El Frente les dio a los militares la posibilidad de que opinaran; y los partidos de oposición también terminaron por comprender la necesidad de esa ley, sobre todo los legisladores que conocen del tema, como el senador Penadés, por ejemplo, una persona muy informada.

 

­¿Te sentís cómodo en el MPP?

­Me siento muy cómodo porque yo siempre fui un admirador del contenido que le puso Wilson a la política. Fundamentalmente aquel programa del 71, Nuestro Compromiso con Usted, con la reforma agraria, nacionalización de la banca, la ley de lechería, lo que él llamaba el «impuesto justo» que es la reforma tributaria que implementó el Frente, el Seguro Nacional de Salud.

Un programa progresista extraordinario. Y yo venía con esa formación, y por eso chocamos con el gobierno blanco, cuando Lacalle ­el más neoliberal de todos los neoliberales­ aplicó medidas que destruyeron el aparato productivo.

Tuvimos ajuste fiscal, ancla cambiaria, duplicación de los intereses del BROU, impuesto a los gasoleros… El gobierno de Lacalle mató al campo, lo aplastó, y de ahí arranca el sobre-endeudamiento del sector agropecuario.

Ley de Caducidad. «Tiene que haber otro plebiscito y que la gente decida sobre la Ley de Caducidad»