LAS GARANTIAS EN LOS ACTOS ELECTORALES

Las garantías y seguridades de los actos electorales en nuestro país las da un organismo equiparado a un cuarto Poder del Estado, la Corte Electoral. Es ella quien controla los escrutinios que realizan las Juntas Electorales de los 19 departamentos, la que adjudica los cargos de presidente, vicepresidente, senadores y los diputados que surgen del llamado tercer escrutinio, es decir, aquellos que, por no ser electos por cociente entero, no son proclamados por la respectiva Junta Electoral. En el siglo XIX y hasta la Ley de creación de la Corte Electoral en 1924, los jefes políticos en cada departamento tenían el poder y lo ejercían fraguando los resultados de las elecciones y, como consecuencia de los fraudes, pidiendo limpieza electoral, hubo varios levantamientos o revoluciones, en 1878, 1896, 1897, 1904 y 1910. La creación del Registro Cívico, y las subsiguientes leyes de elecciones, especialmente las 7812 y 7912 del año 1925, le dieron autenticidad a los actos electorales. Hasta hace quince años el Ministerio del Interior se encargaba, por razones prácticas, de emitir resultados parciales del llamado escrutinio primario, o sea, hacía la suma de los resultados de las copias del escrutinio que realizaba cada mesa receptora de votos y emitía sólo a título informativo los resultados de esas sumas, pero siempre en nuestra legislación, las únicas cifras valederas fueron las emitidas por la Corte Electoral. Hoy ya ni de ese recuento se encarga el Ministerio del Interior sino que lo hace la Corte Electoral. La custodia durante la elección, de los locales de votación en su mayoría es efectuada por las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea. La Policía colabora en Montevideo para cubrir algunos circuitos, porque no alcanza el personal militar. Ya hace más de 100 años que no existen jefes políticos dependientes del Ministerio del Interior. Cuando se habla de garantías electorales conviene recordar que no es bueno confundir el jabón con el hilo negro. La Corte Electoral, con la integración actual desde el año 1996, es la que sin dudas dará las garantías electorales, contando para ello con los funcionarios electorales necesarios, como ha sido desde la creación de la Corte en el año 1924.