Escribanos quieren ser escuchados

La Asociación de Escribanos del Uruguay expresará a los integrantes del Gafisud, su interés de mantener un encuentro con los representantes en Uruguay, para analizar el nuevo marco normativo de control impulsado por el gobierno, donde se los determina como «sujetos obligados», para «reportar sobre conocimiento del cliente».

La delegación del Gafisud culminó ayer la evaluación sobre la realidad de las políticas públicas vigentes en Uruguay para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como los avances normativos alcanzados durante los últimos años por el país en la materia.

Los representantes del organismo intergubernamental, con base regional en América del Sur, culminaron la ronda de contactos con operadores estatales y agentes privados, e iniciarán hoy la elaboración de un «informe preliminar» sobre la realidad detectada, según pudo saber LA REPUBLICA por fuentes oficiales. La presentación del «informe preliminar», sin embargo, será sólo el inicio de la evaluación del Gafisud, puesto que, tras un proceso de discusión entre todos los países miembros, el plenario del organismo emitirá bajo consenso la evaluación definitiva sobre las fortalezas y vulnerabilidades del sistema uruguayo.

 

El informe final se conocerá en diciembre próximo.

Los integrantes del Gafisud se reunieron durante la evaluación con el titular de la Secretaría Antilavado de Activos Ricardo Gil Iribarne, el prosecretario de la Presidencia Jorge Vázquez, agentes especializados del Ministerio del Interior, jueces y fiscales, así como con agentes del sector financiero público y privado, del sector Casinos, abogados y asociaciones de empresas, entre otros actores.

La presencia de la delegación del Gafisud coincidió con la media sanción parlamentaria de la Cámara de Senadores de la nueva ley de combate al lavado de activos.

La nueva ley promueve el fortalecimiento de los controles al obligar a promotores privados de la construcción, zonas francas y escribanos (y eventualmente contadores y abogados) a informar al Banco Central sobre «operaciones financieras sospechosas».