Unanimidad en la lucha contra el lavado de activos del narcotráfico

Se aprobó la postergación del tratamiento del proyecto de ley por el que se pone a licitación la segunda terminal de contenedores del puerto de Montevideo, un tema polémico cuyo análisis promete debate en el plenario de hoy. El pedido partió de las tiendas del Partido Nacional, con el objetivo de estudiar los cambios introducidos a la iniciativa por la bancada del Frente Amplio, a último momento. Ya veremos; mañana les cuento.

En la mañana de ayer, varias escuelas y un centro de formación docente recibieron nombres oficiales, en homenaje a prohombres y figuras destacadas del quehacer nacional. Norberto Sergio, Lalo Mendoza, Elvira Justa Peré Peruzzo y Clemente Estable brindaron sus ilustres nombres para designar a otros tantos centros educativos dependientes de la Enseñanza Pública. Asimismo, el Senado otorgó las venias necesarias para la destitución de tres funcionarios del MSP.

Pero lo más interesante fue, sin duda alguna, la aprobación por la totalidad de los senadores presentes en Sala del proyecto de ley por el que se modifican parcialmente dos normas relativas al combate contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estamos hablando de la Ley 17.835 de 23 de setiembre de 2004 y el Decreto-Ley 14.294 de octubre de 1974.

El senador del Espacio 609 Jorge Saravia se ocupó de informar al respecto, explicando con profusión de datos los alcances de las modificaciones introducidas a dichas normas, cuyo principal objetivo es brindar más elementos de juicio y nuevas herramientas a la Justicia Especializada en la lucha contra el Crimen Organizado.

La iniciativa del Poder Ejecutivo se inscribe en el marco del compromiso del gobierno de mejorar y volver más eficiente la lucha contra el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas como contrabando, el narcotráfico, la evasión fiscal o cualquier otra forma de hacerse de dinero malhabido que pudieran servir, por otra parte, para el financiamiento de actividades vinculadas con el terrorismo.

Fue un informe exhaustivo que nos permitió enterarnos de que estas modificaciones obedecen en cierta medida al compromiso del gobierno uruguayo en el combate que la comunidad internacional libra contra el tráfico de drogas, el lavado de activos provenientes de actividades delictivas y la financiación de actos de terrorismo.

Destacó don Jorge –cuyo parecido con su bisabuelo es cada vez más sorprendente– que el gobierno actual ha exhibido una especial preocupación por colaborar en la lucha contra esos delitos y por legislar en ese sentido.

El narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, el contrabando en gran escala, el tráfico de armas o de personas han sido preocupación del gobierno, cuya lucha se extendió, también, al lavado de fondos provenientes de esas actividades o tendientes a financiarlas.

Carlos Moreira e Isaac Alfie plantearon pequeñas salvedades que pronto fueron subsanadas por lo que el proyecto de ley resultó aprobado por 22 votos en 22 senadores presentes de los tres partidos. Se supone que el trámite en Diputados no ofrecerá dificultad alguna y que en breve estará pronto para su promulgación.