Senado se expide sobre modificaciones en prevención y control de lavado de activos

La iniciativa contiene además un conjunto de normas preventivas, una mayor responsabilidad para los escribanos y las zonas francas e introduce cambios en el Código Penal, así como la agilización del nuevo destino de los bienes incautados, entre otros aspectos.

También impulsa que todos los delitos de crimen organizado sean extraditables y castiga el financiamiento del terrorismo. Todo está contenido en el proyecto por el que se modifica la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004 y el Decreto Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, sobre prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, que será considerado mañana en la sesión del Senado como primer punto del orden del día, a partir de las 9.30 horas. El gobierno uruguayo acelera estas modificaciones como forma de responder a los requerimientos que le efectuara GAFI, el organismo internacional especializado. Precisamente, el Gafisud (con base en América del Sur) comenzará a evaluar la actuación de Uruguay en esta materia a partir de esta jornada.

El titular de la Secretaría Nacional Anti-Lavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, dijo que la iniciativa que está en el Parlamento «es la ley más importante que está en discusión», la cual, dijo, mejora el marco preventivo. En declaraciones a LA REPUBLICA, el jerarca destacó también los avances de la normativa bancocentralista para fortalecer los controles sobre el sistema financiero. En el Senado, el miembro informante será el legislador Jorge Saravia (Espacio 609). «El proyecto tiene tres bloques principales. Una parte modifica la parte operativa técnica sobre prevención del lavado de activos, en lo que tiene que ver con sujetos obligados, por ejemplo con los oficiales de cumplimiento, lo que se agrega de zonas francas y escribanos que tienen que informar las operaciones sospechosas que puedan hacer», expresó Saravia. Evaluó que ello tiene que ver con las observaciones que le hizo el GAFI a Uruguay en 2006 sobre algunos aspectos que no había cumplido sobre las prerrogativas del organismo. En un segundo aspecto «están los delitos precedentes del lavado de activos y hay toda una modificación sobre delitos penales que modernizan básicamente algunos aspectos del Código Penal». El tercer aspecto son algunas novedades como «el agente encubierto, lo referente a la vigilancia electrónica, y lo atinente a las capturas, o sea, evitar que en las comisarías los autos se terminen pudriendo y eso significa que ni siquiera el Estado agarra un mango y si algún día se lo tenés que devolver al dueño está todo podrido». La ley determinará «agilizar el trámite que tiene que ser por remate o licitación, por lo cual el Estado podrá hacerse de dinero» incautado en operativos.

 

Encubierto

La norma también institucionaliza el denominado «testigo protegido». La idea es similar al sistema que opera en países como Estados Unidos: «Un agente encubierto, la protección del testigo con cambio de identidad, también entra lo que se llama en otras partes del mundo el soplón, que tiene determinadas garantías de protección al dar información reservada para capturar agentes del narcotráfico o del crimen organizado». Saravia aludió a que existieron planteos como el de posibilitar que el agente encubierto funcionara en la órbita del Juzgado Letrado Especializado. «En realidad la designación corre, lógicamente, bajo la supervisión del juez, pero, por la estructura de funcionamiento del Ministerio que tiene nuestro país, debe estar en la órbita del Ministerio del Interior. En otros países del mundo, donde hay policías federales o policías organizadas, existen agentes especializados en esta materia; es el caso, por ejemplo, de la Policía Federal brasileña o del FBI en Estados Unidos. Pero nosotros tenemos una estructura policial distinta a esa», puntualizó el parlamentario frenteamplista.